MÉXICO.- La bancada del PRD en el Senado presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) que establece un impuesto de 8% sobre la venta al público de la llamada “comida chatarra”.

 

La iniciativa, presentada en la sesión de este martes y que fue turnada a la Cámara de Diputados para ser incluida en el marco de la discusión de la Miscelánea Fiscal 2014, señala que con este impuesto se podrían recaudar alrededor de 20 mil millones de pesos al año.

 

En tribuna, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Armando Ríos Piter, a nombre de esa bancada expuso que la Secretaría de Salud estaría facultada para establecer aquellos alimentos de alto contenido de carbohidratos, grasas y sodio, con nulo o escaso valor nutricional, denominados “comida chatarra”.

 

Dijo que además de los beneficios tributarios se plantea combatir la obesidad, la desnutrición y la alta incidencia de enfermedades como diabetes, alteraciones esqueléticas, hipertensión arterial, hipercolesterolemia e inadaptación psicosocial.

 

“La propuesta tiene un potencial de recaudación estimada en más de 20 mil millones de pesos, que representan 0.10 por ciento del PIB, un 3.81 por ciento de aumento en el total de la recaudación esperada de 523 mil 593 millones de pesos en 2014”, apuntó.

 

La iniciativa, también publicada en la Gaceta Parlamentaria, añade que esta recaudación ayudaría a disminuir el subsidio implícito que el Estado otorga a las empresas de productos chatarra, debido a que el sistema de salud gasta en atender las enfermedades asociadas a las externalidades negativas producidas por estas compañías.

 

Además, “junto con una política pública de combate a la obesidad, permitirá reducir la demanda de comida chatarra y mejorar la producción y acceso a comida más saludable”.

 

Se añade que la iniciativa debe estar acompañada de una política pública que garantice el derecho de los niños y las niñas a una vida saludable, a mejorar la educación y la prevención de la obesidad como una política de Estado.

 

“Es una oportunidad de diálogo con el sector privado y padres de familia que garantice en todo momento el acceso y dotación de agua potable en lugares públicos, una correcta alimentación y deporte que de manera integral vele por el interés superior del niño”, concluye.