La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtió a tribunales del país sobre el riesgo que existe de que se paralicen los poderes judiciales estatales en materia penal, ante el retraso en la modernización de la legislación, infraestructura y capacitación en los juzgadores de cara al nuevo sistema penal acusatorio.

 

De no implementarse en los tiempos que marca la Constitución y leyes secundarias, los tribunales perderían competencia y personalidad jurídica, por lo que no podrían juzgar bajo el nuevo esquema.

 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, sostuvo que en diversas reuniones los ministros de la Suprema Corte han mostrado su preocupación y han advertido, de manera informal, sobre estos riesgos que crecen al reducirse el plazo para implementar este nuevo sistema para juzgar los delitos.

 

Es por eso, dijo el magistrado, los próximos tres meses son cruciales para el Distrito Federal, para obtener un presupuesto por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que permitan la construcción 300 salas penales, de lo contrario no se podrá cumplir con las reformas constitucionales que deberán quedar implementadas antes de que concluya el 2016.

 

“El mensaje es que van a entrar en vigor, y si entran en vigor la Corte ya lo dijo claramente, el criterio de los ministros con los que yo he platicado es que entrando en vigor el Tribunal Superior y todos los Tribunales que no hayan implementado la reforma serán incompetentes para juzgar cualquier tipo de delito. Es muy delicado eso sin haber competencia quedarían libres todos (los delincuentes)”, apuntó.

 

Elías Azar consideró que el Poder Judicial ha sido respetuoso cuando le han asignado recursos a otros rubros sociales, pero ahora es esencial que el presupuesto favorezca al Tribunal pues es prioritario para la impartición de justicia.

 

“Ya no me ocupa, me preocupa porque estamos en un límite muy importante, es decir, o la Asamblea responde en dar los recursos para el Tribunal para la construcción de las Salas o no va a ser posible la implementación en la parte penal”, aseveró.

 

Sin precisar el monto que se requiere dijo que son miles de millones de pesos los que se deben aprobar, aunque precisó que en próximos días acudirá a la Asamblea para exponer detalladamente lo que necesita el Tribunal.

 

“El juez de control le va a quitar, por lo menos, el 40 por ciento a las procuradurías de su trabajo de investigación…ahora la investigación se va a judicializar, ya no va a ser la investigación hecha por la Procuraduría, sino la Procuraduría va a hacer el 50 por ciento de lo que hoy está haciendo, y el otro 50 por ciento de lo que actualmente está haciendo ya lo va hacer un juez de control, por eso hay que tener mucho cuidado al tema, porque ya las cosas van a tener que cambiar”, concluyó Elías Azar.