Las tareas de investigación sobre el desastre en Acapulco han encontrado un nuevo escollo:
Los escapes a la impunidad abiertos por las leyes.
La primera dificultad se tuvo en el estado.
De acuerdo con el código penal de Guerrero, los delitos de responsabilidad oficial prescriben a los cinco años y como explicó el procurador Iñaky Blanco cuando el alcalde Luis Walton entregó el expediente al presidente Enrique Peña.
El principal favorecido es el alcalde Zeferino Torreblanca (1999-2002), cuyo ayuntamiento modificó el Plan de Director Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco de Juárez, Guerrero, y de esa manera detonó el crecimiento en La Sabana hacia Coyuca de Benítez.
El nuevo reglamento permitió a su sucesor, Alberto López Rosas, actual secretario del Trabajo y Previsión Social del estado, otorgar el mayor número de los 94 permisos bajo revisión del periodo 2002-2013.
Ninguno de ellos podrá ser procesado por bajo las leyes estatales.
Quienes sí podrían enfrentar alguna acción local serían el perredista Félix Salgado Macedonio y el priista Manuel Añorve, el primero por su último año de administración municipal y el segundo por todo su ejercicio.
LAS ASEGURADORAS ESPERAN LA ACCIÓN OFICIAL
Las dificultades estarán en la jurisdicción federal.
Distintas instancias, con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a la cabeza, analizan cómo enjuiciar tanto a quienes desde el poder propiciaron ese desarrollo irresponsable y quienes lo capitalizaron económicamente.
Es decir, funcionarios de todo nivel -federal, estatal y municipal- y empresas.
El presidente Enrique Peña Nieto, a partir de la documentación entregada por el gobernador Ángel Aguirre y el alcalde Luis Walton, habló de una docena de inmobiliarias.
Aquí dimos la primicia.
La principal es Geo, seguida de ARA, Homex y Evi.
Hay una duda: si están en o al borde de la quiebra, ¿cómo pagarían los daños?
Inicialmente el titular de Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, confrontó la información con las autoridades estatales y se hizo un primer escenario de cómo proceder judicialmente.
La segunda parte está en marcha, el alcance de las leyes federales.
Las autoridades deberán actuar con mucha cautela porque en el camino ha surgido un problema no planteado originalmente: el pago de seguros.
Las compañías aseguradoras tratan de retrasar pagos en espera de ver las consecuencias del compromiso presidencial y ver si se fincan cargos a funcionarios de distinto nivel y a empresas.
Porque si se documenta la irresponsabilidad, podrían negarse a indemnizar porque antes hubo la comisión de delitos.
Y si ya cubrieron los seguros, entonces el pleito será en contra de las inmobiliarias cuyo afán de ganancia pobló terrenos agrícolas, humedales y riberas de lagunas, y para ello hasta desviaron los cauces de los ríos.
Bonito escenario, ¿verdad?
MIJANGOS, LÓPEZ ROSAS, SALGADO MACEDONIO…
La primera víctima oficial es Octavio Mijangos Borja.
Él fue obligado a renunciar como delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Guanajuato, pero su pasado está lleno de señalamientos en Guerrero y Tabasco.
Aunque las críticas en Guerrero lo ubican por Acapulco, el mayor número de autorizaciones suyas fueron en Coyuca de Benítez, donde permitió fraccionamientos a la orilla de la laguna.
Hoy esos terrenos siguen afectados.
No está decidido aún si la federación le fincará cargos a Mijangos Borja, pero es parte de la investigación junto con el ex alcalde Alberto Rosas con agravantes como la falsificación de documentos.
No sería novedad para Mijangos Borja.
Señalado como protegido del ex director de la Comisión, el panista José Luis Luege Tamargo, ya una vez fue cesado como funcionario de Conagua y reinstalado tras ganar el juicio laboral.
