El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, Silvano Aureoles Conejo, promueve entre los grupos parlamentarios del PRI y del PAN consolidar un acuerdo para que el Congreso de la Unión ayude a solucionar el conflicto de violencia en Michoacán.
“Mañana algunos grupos parlamentarios pedirán que se revise el tema, yo estoy platicando con los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), porque más allá de posturas personales, críticas o llamados, se requiere que el Congreso, como uno de los poderes de la Unión, formule una propuesta, porque es responsabilidad de todos”, añadió.
Agregó que, si es necesario, habrá que emitir la desaparición de poderes en aquella entidad para resolver el grave conflicto de violencia e inseguridad.
“Si hay ingobernabilidad, ya no hay gobernabilidad, y en consecuencia habría que valorarlo”, puntualizó el legislador federal.
Durante una conferencia de prensa, tras concluir la Jucopo, reflexionó que es responsabilidad del Estado velar por la seguridad e integridad de la República, pues no puede haber poderes paralelos.
“Los gobierno que aceptan gobiernos paralelos están en alto riesgo, pero si va a ser la cotidianidad, va a estar peor el asunto”, expuso.
“Por eso el llamado a que la Cámara de Diputados, el Congreso, ojalá y los senadores, estén en la misma sintonía, formulen una propuesta de salida al conflicto de Michoacán”, dijo el diputado michoacano.
Dijo que podría llegar el momento de tomar la medida de desaparecer los poderes o de declararlo Estado de excepción, aunque confió en que todavía puede reencausarse la estrategia de combate al crimen organizado y el narcotráfico donde participa la federación y las autoridades locales.
Por separado, Fernando Zárate Salgado, explicó que desde hace meses, incluso años, el gobierno de Michoacán está en suspensión de facto de garantías, como la de libre tránsito que no se encuentra en vigor.
Señaló que debió aplicarse, desde hace tiempo, lo establecido en el Artículo 19 de la Constitución, que es la suspensión de garantías para generar la protección a otras garantías, como es la de la vida.
“En Michoacán no funcionan el Poder judicial, ni el Poder Legislativo y mucho menos el Poder Ejecutivo, que es el más débil de todos. No podemos seguir con esa relación o esa poca gobernabilidad en Michoacán y es necesario que el gobierno federal intervenga ya, al igual que los poderes federales, como el Congreso de la Unión”, concluyó el diputado perredista.