Los consejeros electorales dejaron solo a Leonardo Valdés Zurita y rechazaron el proyecto de redistritación territorial 2013, el cual fue devuelto a la Junta General Ejecutiva con el argumento de que cambiar la distribución electoral en el país es “innecesario y precipitado”.

 

Con una votación de siete a uno, Benito Nacif, Macarita Elizondo, Francisco Javier Aguirre, Marco Antonio Baños, Lorenzo Córdova, María Marván y Alfredo Figueroa concluyeron que no existen condiciones para aprobar la nueva demarcación territorial de 300 distritos electorales y sus cabeceras distritales.

 

El consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, fue el único que defendió los trabajos técnicos y metodológicos de la redistritación que inició hace un año al considerar que el trabajo realizado era sólido y el IFE estaba listo para mover sus sedes en al menos 12 estados.

 

De acuerdo con el proyecto presentado, cuatro estados perderían un distrito: Oaxaca, Puebla, Veracruz y Sinaloa, y el Distrito Federal. Y siete entidades ganarían uno: Estado de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas.

 

En su intervención, el consejero Nacif planteó postergar la redistribución electoral bajo el argumento de que es “precipitado y se vulneran los principios de eficiencia, eficacia, no hay un mandato legal que haga imperiosa la aprobación de los acuerdos, postergar su aprobación no generará ningún tipo de afectación”.

 

En cinco horas de discusión, los otros seis consejeros esgrimieron sus argumentos. Lorenzo Córdova reveló que de no aprobarse antes de abril de 2014 se corre el riesgo de postergarlo hasta 2016 para aplicarlo en el proceso electoral de 2018, con lo cual, las elecciones estarían basadas en datos añejos.

 

Aunque a su juicio, la sesión extraordinaria realizada ayer representaba la oportunidad de aprobar la redistritación, “ésta no se puede hacer sin consenso de los demás consejeros, se pronunciaron por posponer la discusión y porque el consejo debía esperar a dejar que culminará la reforma electoral”.

 

Alfredo Figueroa manifestó: “ha habido un trabajo técnico que ha avanzado pero impone a quienes no tienen posibilidad de deliberar un proceso de recambio para dar cumplimiento, me refiero a los miembros del área administrativa, del servicio electoral y me refiero a los costos que tendría esto”.

 

La consejera Macarita Elizondo señaló las implicaciones que tendrá el no haber logrado la nueva distribución debido a que 30 por ciento de los distritos electorales están sub o sobrepoblados, por lo cual, si se llega a 2014 sin un acuerdo se corre el riesgo de realizar unas elecciones inequitativas.

 

Durante la sesión extraordinaria, los representantes de los partidos políticos estuvieron a favor de postergar la redistritación electoral debido a que existen “más dudas que certezas” y representa un “acto de responsabilidad” esperar  a que se discuta la reforma electoral y a que el pleno del Consejo del IFE esté completo con nueve consejeros.

 

En vísperas de que cuatro consejeros abandonen sus cargos, la nueva distribución de los 300 distritos electorales del país habría representado uno de los logros del consejero presidente, Leonardo Valdés, sin embargo, este no se logrará.

 

Pagan 16 millones por diagnóstico organizacional

 

 

La mayoría de integrantes del Consejo General del IFE desconocían que esa institución pagó 16.5 millones de pesos a la consultora Deloitte para realizar un estudio en el cual se establecen las deficiencias de operación del órgano electoral, lo cual generó un escándalo durante la sesión extraordinaria realizada ayer.

 

Los representantes de los partidos de oposición ante el IFE, reclamaron al pleno el por qué ocultaron el diagnóstico, así como su costo. Los consejeros se defendieron al decir que el estudio permitirá hacer cambios de fondo en el Instituto.

 

El contenido del diagnóstico organizacional es considerado por el IFE como información reservada, la cual tiene que ser solicitada por los partidos políticos por escrito. Dicho análisis revela serias deficiencias en la estructura organizacional e inoperancia de varias áreas del instituto.

 

Leonardo Valdés, consejero presidente, quiso evitar el tema durante la sesión extraordinaria. “El estudio mencionado fue presentado a la comisión provisional de presupuesto donde están presentes las representaciones de todos los partidos políticos, de tal suerte, que no hay materia para discutir sobre ese tema”.

 

Sin embargo, los partidos de oposición de la izquierda (PRD, Movimiento Ciudadano y PT) insistieron en tener acceso al diagnóstico. “Tenemos entendido tuvo un costo de más de 16 millones de pesos y debe ser consultado por los representantes de los partidos políticos y no enterarnos por filtraciones a la prensa”, dijo Camerino Eleazar Márquez, del sol azteca.

 

En contraste, el consejero Lorenzo Córdova fue uno de los que defendió la realización del estudio: “esta institución tiene que estar sujeta a un proceso de repensamiento, digo. Más creo que muchos de los elementos, de los insumos que este estudio nos ha generado, pueden ser sumamente valiosos en el caso de que esta institución tenga que recrearse, a la luz de una eventual de creación de un órgano nacional de elecciones.