Morelia, Michoacán.- Las esposas de dos uruapenses que presuntamente fueron privados de la libertad por soldados asignados a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, presentaron denuncia penal y queja en la Comisión Estatal de los derechos Humanos.

 

Uno de los secuestrados escapó y llegó a la PGJE para pedir ayuda, por lo que implementó un operativo por parte de la Policía Ministerial para el rescate de las víctimas.

 

Las mujeres dieron a conocer a los diversos medios de comunicación en el exterior de la CEDH, que han sido víctimas de amenazas y de extorsión, toda vez que han recibido llamadas en las que les exigen un millón de pesos a cambio de los dos detenidos de quienes se ha sabido que responden a los nombres de Roberto León Corona, de 26 años de edad y Alejandro Chamorro Valencia, de 24, ambos vecinos de la ciudad de Uruapan.

 

“Nuestros esposos están desaparecidos desde hace tres días, hemos estado recibiendo amenazas, nos dicen que son militares y que están ordenados por un mando superior, que quieren un millón de pesos y ellos nos regresan a nuestros esposos, no sanos verdad pero todos golpeados, mi esposo es ingeniero en Uruapan”, dijo una de las demandantes.

 

Agregó la mujer, que su pareja iba a reunirse con otros ingenieros para la entrega de unos planos cuando fueron privados de la libertad, por lo que acudieron a la procuraduría de justicia en donde les recibieron la denuncia en la agencia 21 del Ministerio Público pero, saben que el viernes anterior, uno de los dos detenidos se escapó de las instalaciones del nuevo edificio de la Secretaría de Seguridad Pública y logró llegar a la PGJE en donde pidió auxilio, señalando que había logrado burlar a los elementos que lo cuidaban pero que había otra persona en la caseta de edificio nuevo de la SSP.

 

De inmediato el Grupo Antisecuestros y personal operativo de otras secciones implementaron un operativo y lograron llegar al lugar donde efectivamente encontraron a la otra persona que estaba retenida, por lo que le pidieron a los uniformados que se los entregaran pero en ese momento llegó el titular de la institución y les dijo que se trataba de dos sujetos involucrados en hechos delictivos del fuero federal, y que en las próximas horas los pondría a disposición del Ministerio Público de la PGR.

 

Las mujeres dijeron que ya han transcurrido más de 72 horas y que ninguna autoridad los tiene bajo su jurisdicción, por lo que piden que alguien los ayude ya que tienen miedo, temen por la vida de sus hijos y de sus esposos, “ya saben que anda uno moviéndose”.

 

Por otro lado, fuentes allegadas a la Procuraduría de Justicia, señalaron que la función del personal operativo asignado a la Secretaría de Seguridad Pública es únicamente la de prevenir los delitos y no de investigarlos, pues para eso está la Policía Ministerial o la PGR.