“Son innecesarias las reformas de carácter Constitucional”, explicó ayer Cuauhtémoc Cárdenas a los diputados federales, al remarcar que los cambios en el marco legal en materia de energéticos “no hacen falta,”.

 

Explicó que hasta el momento el gobierno federal no ha sido claro en determinar y fundamentar hacía dónde quiere llegar con su propuesta de modificar la Constitución, de manera particular los artículos 27 y 28.

 

“Poco o nada se ha dicho hacía dónde quieren llevarse las reformas de leyes constitucionales o secundarias”, aseguró desde la tribuna parlamentaria del salón “verde” de la Cámara de Diputados.

 

Recordó que la iniciativa presidencial carece de mecanismos sobre la autonomía presupuestal de Petróleos Mexicanos (Pemex); y ante las proyecciones de producción de crudo, criticó que no estén respaldadas por algún estudio, “todos estos supuestos, avances, más bien suenan a cuentas alegres”.

 

Precisó que la modificación del articulo 28 de la Carta Magana “cancelaría la condición de áreas de estrategia a los hidrocarburos y a la electricidad”, no alcanzarían ya siquiera la calificación de prioritarias y abriría la posibilidad de que el Estado fuera totalmente desplazado de los sectores petrolero y eléctrico.

 

“Al no ser ya estratégicos los sectores de los hidrocarburos y de la electricidad, los órganos que hoy los manejan, Pemex y CFE, podrían dejar de ser propiedad gubernamental; todo lo que posean podría ser vendido, esto es, privatizado”, señaló tajante.

 

Contratos de utilidad compartida

 

El hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, quien nacionalizó la industria petrolera en 1938, resaltó que ante la intención de establecer contratos de responsabilidad compartida “no vale la pena ir con este tipo de contratos”.

 

“Cuando las experiencias internacionales nos dicen que no son los más convenientes para su administración, que son complejos en su administración, y en este momento se requiere un combate más a fondo contra la corrupción”, expresó.

 

Cárdenas Solórzano consideró preocupante que los legisladores abran esta posibilidad donde el concesionario “puede disponer del producto (hidrocarburos y energía eléctrica) a su antojo”.

 

“Estaríamos viendo la explotación irracional de nuestros yacimientos, una política totalmente irracional en el manejo de nuestras reservas en perjuicio del presente y futuro”, agregó.