Los 32 Institutos electorales estatales del país, que rechazan su desaparición como parte de la reforma electoral, entregaron al Pacto por México, el gobierno federal, así como a senadores y diputados, una contrarreforma en la que incluyen propuestas como que el IFE se haga cargo de la fiscalización y sanción de partidos políticos en las entidades, así como elegir a  los consejeros estatales mediante examen de conocimientos, aumentar su periodo a nueve años.

 

El estudio, del cual 24 HORAS posee una copia, considera que los actores políticos desconocen el funcionamiento de la estructura electoral en las entidades del país y negocian la creación de un Instituto Nacional de Elecciones sin poseer un análisis del costo político, económico y organizacional.

 

Las propuestas

 

 

En el estudio se proponen reformas constitucionales a los artículos 116 y 122 que, a su juicio, abonarían más al andamiaje democrático del país que la creación de un Instituto Nacional de Elecciones.

 

Entre las propuestas destaca que la plataforma de Resultados Electorales Preliminares del IFE sea utilizada en todos los comicios del país, con lo cual se reducirían significativamente los costos de las elecciones en los estados.

 

Uno de los temas más polémicos es la fiscalización y sanciones de partidos, por lo que los institutos estatales están de acuerdo en que el IFE absorba esa tarea. “Si el fortalecimiento de las instituciones pasa por evitar fricciones innecesarias con los actores centrales de la competencia política, estamos de acuerdo en que dichas competencias pueden ser transferidas”, señala el documento.

 

Otro de los puntos incluidos es su autonomía presupuestal, en la cual proponen la siguiente metodología: “multiplicar el padrón o la lista nominal de cada entidad por un porcentaje del salario mínimo vigente en la región” y con ello evitar la discrecionalidad en la entrega de recursos a los órganos electorales.

 

También piden que se eleve a rango constitucional su facultad de crear reglamentos, acuerdos para “aquellas cuestiones que ante el diferendo político se quedan sin una oportuna definición legislativa”.

 

Los institutos electorales del país proponen un modelo homologado de selección de consejeros que va desde otorgarles un mismo salario hasta verificar a través de un examen de conocimientos su experiencia, lo cual, consideran, evitaría su designación por cuotas partidistas o su “cercanía con la clase política”.

 

Rechazan injerencia  

 

El estudio rechaza que los gobernadores influyan en los procesos electorales de sus entidades, “tampoco existe evidencia objetiva, material probatorio o referencia puntual que compruebe la señalada cooptación de las instituciones electorales por los Ejecutivos”.

 

En su postura, critican al Pacto por México y al Poder Legislativo por carecer de “indicadores objetivos del costo de la organización electoral en los estados, ni de la infraestructura institucional requerida para la conformación de una autoridad de carácter nacional, por lo que no existen parámetros idóneos para determinar el grado de ahorro de recursos económicos que traería la puesta en marcha de una eventual reforma electoral”.

 

Al contrario, en su diagnóstico hacen un recuento de los avances democráticos que han sido copiados por el modelo nacional y defienden la organización de procesos electorales en los estados debido a que fue en provincia donde se dio la primera alternancia del país: en 1946 el PAN ganó el municipio de Quiroga, Michoacán; en 1977 el pluralismo en Congresos Locales y en 1989 la primera gubernatura obtenida por Acción Nacional en Baja California.

 

En los estados, explica el estudio, se han dado innovaciones democráticas como la credencial para votar con fotografía, modelos de fiscalización, métodos de operación, participación de las mujeres, candidaturas migrantes, regulación de usos y costumbres, regulación de precampañas, voto electrónico y sufragios en el extranjero.

 

Como conclusión, los institutos exigen que la organización de comicios continúe como una “competencia dual, a cargo de la federación y las entidades federativas, porque sólo cuando un estado es capaz de organizar sus propias elecciones ejerce la autonomía constitucional”.