La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal investiga a servidores públicos que brindaban protección a una red de trata de personas en la Central de Abasto.

 

En la víspera, la Fiscalía Central para la Investigación del Delito de Trata de Personas, que encabeza Juana Camila Bautista Rebollar, desarticuló dicho grupo delictivo, y detuvo a siete presuntos responsables, y rescató a 21 victimas.

 

“Hay una línea de investigación abierta, porque algunas víctimas y testigos denunciaron esa situación y estamos trabajando en ello (…) no quiero abundar más, pero es una investigación que la tengo abierta y la estoy iniciando”, aseveró la fiscal.

 

La dependencia aseguró siete vehículos en los cuales se obligaba a las mujeres a ejercer el sexoservicio, e inclusive dos camionetas Winstar fueron habilitadas con compartimentos y colchonetas en donde eran atendidos los clientes.

 

Bautista Rebollar indicó que una línea de las líneas de investigación apunta a la posible implicación de empleados de la Central y elementos de la Secretaria de Seguridad Pública, quienes se presume cobraban “cuotas” a los proxenetas.

 

Explicó que la mujeres ofrecían sus servicios en las calle con vestimentas llamativas, y cuando se cerraba el trato con los clientes, entraban a los vehículos habilitados como hoteles ambulantes.

 

“La tenían acondicionada de tal forma que había dos compartimientos, abrían las puertas traseras y había dos compartimientos separados, para que se hiciera sexo en ambos, si había dos chicas con sus clientes poder hacerlo ahí mismo en la camioneta, son situaciones que uno dice ‘no puede ser’ que los tratantes lleguen a ese grado”, detalló.

 

 

En este sentido reconoció que es alarmante que ante tanta evidencia los elementos de la SSP-DF que patrullan la zona no se hubieran percatado de estos hechos, dieran un reporte a las autoridades sobre las actividades ilícitas, pues la fiscalía a su cargo realizó una investigación de cuatro meses donde se documentaron diversas irregularidades.

 

La Central de Abasto cuenta con un sector de la Secretaría de Seguridad Pública, una agencia del Ministerio Público, Policía de Investigación y una base de la Policía Auxiliar, nadie denunció el ilícito que ahí se cometía, salvo un llamado que recibió el Consejo Ciudadano de la ciudad de México.

 

La mayoría de las víctimas, entre ellas dos menores de edad, provenían de Morelos, Veracruz y Puebla, y ya reciben atención especializada por autoridades de la PGJDF.