La organización Human Rigths Watch envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la que asegura que militares y policías «continúan cometiendo graves abusos de manera impune durante su presidencia», en vísperas de que se cumpla un año de su mandato.
La misiva firmada por su director José Miguel Vivanco y fechada en Washington DC, si bien reconoce que el gobierno de Peña Nieto ha adoptado algunas medidas positivas en materia de derechos humanos, señala que aún no se advierten los avances en ello.
«No obstante, a casi un año de gobierno, el cambio en su estrategia de derechos humanos continúa siendo, en gran medida, exclusivamente retórico», precisa la misiva hecha pública este martes.
El documento, hecho público bajo el título «México: El decepcionante primer año del gobierno de Peña Nieto» señala que se siguen perpetrando desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas en estados del país por parte de miembros de todas las fuerzas de seguridad en el ámbito federal, estatal y municipal.
Aquí la carta textual
Washington D.C., 26 de noviembre de 2013
Excmo. Señor Presidente Peña Nieto:
A pocos días que concluya el primer año de su sexenio, tengo el honor de dirigirme a S.E. para manifestar nuestra profunda preocupación debido a que no se han registrado resultados frente a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en México en los últimos años.
Cuando S.E. asumió la presidencia, México estaba sumido en una crisis de derechos humanos, y existía una impunidad casi absoluta por abusos generalizados – incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas – cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad en el contexto de operaciones contra la delincuencia organizada.
S.E. ha señalado reiteradamente que los derechos humanos son un tema prioritario para su gobierno. En el discurso que pronunció al asumir la presidencia, se comprometió a “hacer realidad los derechos humanos que reconoce [la] Constitución [de México]”. El “Pacto por México” expresó el compromiso de convertir el respeto de los derechos humanos en una “política de Estado”, y, el primer día de su mandato, emitió una directiva dirigida a las fuerzas armadas que “prohíbe el uso de la tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes en toda diligencia o actuación”, según su administración.
Cuando asumió en diciembre de 2012, le dirigí una comunicación pública en nombre de Human Rights Watch, instándole a que acompañara estas declaraciones con un plan de acción concreto y detallado para dar respuesta a los problemas de derechos humanos que heredó su gobierno. Aclaramos que entendíamos que se trataba de problemas complejos y de difícil solución que no se atribuían a su gobierno, y que llevaría cierto tiempo resolverlos. También advertimos que la amenaza para la seguridad pública que representa la delincuencia organizada es genuina y no ficticia y que al gobierno le incumbe la responsabilidad de proteger a los ciudadanos frente a estos grupos.
En el último año, su gobierno ha adoptado algunas medidas positivas en materia de derechos humanos. Promulgó una Ley General de Víctimas para ofrecer justicia y resarcimiento a víctimas de delitos, pero aún no se ha adoptado la correspondiente ley reglamentaria. Su gobierno reconoció la magnitud del problema de las desapariciones, y conformó una unidad de investigación dedicada exclusivamente a estos delitos. Su gobierno afirmó estar trabajando en la definición de un Programa Nacional de Derechos Humanos, si bien aún no trascendieron los pormenores de este proyecto.
No obstante, a casi un año de gobierno, el cambio en su estrategia de derechos humanos continúa siendo, en gran medida, exclusivamente retórico. Su gobierno no ha mostrado avances significativos en la investigación de abusos del pasado, y se continúan produciendo nuevas violaciones graves de derechos humanos con impunidad.
Nuevos abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad
Human Rights Watch ha identificado casos que demuestran que militares y policías continúan cometiendo graves abusos de manera impune durante su presidencia. Estos hechos incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas en estados en todo el país, perpetradas por miembros de todas las fuerzas de seguridad en el ámbito federal, estatal y municipal.
Entre estos casos se incluye el de Armando Humberto del Bosque Villarreal, detenido el 3 de agosto por miembros de la Marina cerca de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Su padre presenció la detención e informó haber hablado con un capitán de Marina, quien le aseguró que Armando sería liberado en breve, pero posteriormente el capitán negó que la detención hubiera ocurrido. El cuerpo de Armando fue hallado el 3 de octubre a pocos kilómetros de un cuartel de la Marina.
Otro ejemplo es el asesinato de tres dirigentes campesinos en Guerrero, que fueron encontrados muertos el 3 de junio, tras ser llevados contra su voluntad junto con otras cinco personas el 30 de mayo. El día previo a la fecha en que fueron llevados, miembros del movimiento social a la cual pertenecían habían presentado una denuncia formal ante las autoridades expresando su temor de que el alcalde y el jefe de policía municipal pudieran ordenar su asesinato. Un testigo que sobrevivió a los hechos indicó en una declaración que el alcalde y el jefe de policía visitaron el lugar donde él y las demás personas en cautiverio se encontraban detenidas, y el alcalde ordenó que fueran torturados.
A pesar de evidencias que señalan la participación de agentes estatales, ningún funcionario ha sido consignado en estos casos.
Su administración aún no ha dado los pasos necesarios para hacer cumplir la prohibición del uso de pruebas obtenidas bajo tortura, entre ellos mejorar la implementación del nuevo sistema de justicia penal, y la práctica de tortura persiste en algunas partes del país a pesar de esa reforma amplia para proteger los derechos básicos.
Se mantiene una estrategia de seguridad que no ha dado resultados
Al inicio de su gobierno, S.E. reconoció que la estrategia para hacer frente a la delincuencia organizada “debe cambiar”. Diversos miembros de su gobierno han coincidido en sus críticas a la llamada “guerra contra el narcotráfico” impulsada por el ex Presidente Felipe Calderón – que no consiguió reducir la violencia y provocó un aumento dramático en violaciones de derechos humanos. No obstante, si bien ha señalado reiteradamente que la prioridad de su estrategia de seguridad es reducir la violencia, hasta ahora no ha definido un plan concreto sobre cómo lograr este objetivo.
Por el contrario, cuando la situación de la violencia ha requerido una intervención federal, su estrategia pareciera haber sido prácticamente indistinguible de la de su predecesor. Por ejemplo, ha dispuesto el envío de miles de soldados a Michoacán. Estos soldados se unen a miles de otros asignados a operativos contra el narcotráfico en todo el país, quienes no han recibido una misión clara (salvo una directiva imprecisa de restablecer la seguridad), no tienen plazos claros con respecto a cuándo deberán retirarse, y cuentan con una supervisión civil insuficiente.
Como quedó demostrado en el mandato de su antecesor, las fuerzas armadas por sí solas no pueden restablecer el estado de derecho ni brindar seguridad ciudadana en forma duradera, especialmente si hay soldados que cometen habitualmente violaciones de derechos humanos, lo cual exacerba el clima de caos y debilita la confianza pública en la autoridad.
La presunción de culpabilidad
Durante su gobierno también ha continuado una práctica del gobierno de Calderón que consiste en referirse despectivamente a víctimas de violencia acusándolas de delincuentes, sin ninguna evidencia que lo demuestre. En efecto, su gobierno ha emitido varios comunicados de prensa en los cuales se informa la cantidad de asesinatos “relacionados a delitos federales” y se señala que la gran mayoría de estas víctimas son “presuntamente responsables de hechos ilícitos”. En julio, por ejemplo, su gobierno informó que de 869 víctimas de homicidios relacionados a delitos federales en junio, 830 presuntamente eran responsables de delitos. Ante la ausencia de investigaciones rigurosas y objetivas, esta calificación contraviene la presunción de inocencia. Además, podría transmitir el mensaje de que estos homicidios no merecen ser investigados, cuando en realidad el estado tiene la obligación de prevenir y sancionar la violencia contra sus ciudadanos, independientemente de si pueden estar involucrados en hechos criminales.
En su exposición al Senado el mes de noviembre pasado, el Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong indicó que el exhibición de presuntos delincuentes frente a los medios, promovido por el gobierno de Calderón, “nos llev[ó] a que muchos de estos criminales tuvieran que salir, porque se les afectaban sus derechos humanos”, y añadió “y yo creo que no sea porque no sean criminales, algunos o muchos”. Este tipo de comentarios generan dudas acerca del compromiso con los derechos humanos manifestado por el gobierno, sugieren que se interponen a la búsqueda de justicia al proteger a delincuentes, y dan por supuesta la culpabilidad de personas que nunca fueron condenadas por delitos. El Secretario de Gobernación amplió su exposición e hizo alusión a “un caso muy sonado, hace poquito” que encajaba en este patrón, y podría interpretarse que con este comentario se refirió a la liberación ordenada por la Suprema Corte de Israel Arzate Meléndez, ocurrida dos días antes, que recibió amplia cobertura en los medios de comunicación. Arzate fue torturado por militares para que confesara haber participado en un homicidio múltiple, y permaneció en prisión más de tres años. Human Rights Watch comprobó que la única evidencia contra Arzate surgía de la confesión nula que había realizado, y de su posterior presentación como autor del hecho.
No se ofrece respuesta a la crisis de desapariciones
El informe publicado por Human Rights Watch en febrero de 2013, titulado “Los desaparecidos de México”, documentó la participación de miembros de las fuerzas de seguridad en numerosos casos de desapariciones, y ofreció ejemplos de que las autoridades rutinariamente no investigaban los casos ni buscaban a las personas desaparecidas. Instamos en ese momento a su gobierno a que abordara esta crisis, mejorara la respuesta a nuevos casos y adoptara medidas para garantizar que las desapariciones del pasado se investigaran en forma adecuada. Explicamos claramente que una desaparición forzada constituye un delito permanente conforme a los tratados internacionales de derechos humanos en tanto persiste en el tiempo y continúa causando sufrimiento a los familiares de la víctima mientras se desconoce o se oculta el paradero de la persona ausente. Esto evidencia la particular urgencia de impulsar una investigación oportuna y exhaustiva de estos delitos.
Tras la difusión del informe, su gobierno reconoció la existencia de una lista – elaborada por el gobierno anterior – de más de 26.000 personas que habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas, y manifestó que se proponía “depurar” muchos casos que ya habían sido resueltos. Su gobierno creó, en el ámbito de la Procuraduría General de la República (PGR), una unidad dedicada a estos casos y propuso reformar el Código Penal Federal para adecuar la definición de desaparición forzada a los tratados internacionales de derechos humanos.
No obstante, su gobierno no ha publicado una metodología para revisar la lista de personas desaparecidas, ni ha creado un registro nacional de restos humanos no identificados. En muchas regiones del país, las autoridades continúan demorando las investigaciones y búsquedas de personas desaparecidas, omiten pasos de investigación básicos y señalan sin ningún fundamento que las víctimas estaban vinculadas con la delincuencia organizada. Sobre el particular, el Subprocurador de Derechos Humanos, Ricardo García Cervantes, advirtió en declaraciones públicas que la respuesta del gobierno a esta “crisis humanitaria” no mostraba compromiso, y que para el actual gobierno la búsqueda de personas desaparecidas había “perdido prioridad, desgraciadamente”.
Human Rights Watch se ha reunido en cuatro ocasiones con representantes de la unidad de la Procuraduría General de la República que se creó recientemente para investigar desapariciones, y comprobó que los casos avanzan con una lentitud alarmante y que existen graves omisiones en las medidas que adopta. En ninguno de los casos citados en nuestro informe de febrero que están a cargo de esta unidad se han consignado a agentes estatales en relación con desapariciones forzadas. A su vez, la unidad no cuenta con recursos suficientes para tramitar todos los casos de desapariciones a nivel federal, y no existen criterios claros con respecto a qué casos toma a su cargo.
No se investigan adecuadamente casos de abusos del pasado
Su gobierno no ha demostrado avances significativos en la investigación de casos pasados de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Un ejemplo es la desaparición forzada de Jehú Abraham Sepúlveda Garza, que fue detenido por policías de tránsito en Nuevo León en noviembre de 2010, y entregado primero a policías ministeriales y luego a la Marina. Ningún funcionario ha sido sentenciado en el caso, a pesar de que Human Rights Watch y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos encontraron evidencias convincentes de que Sepúlveda había desaparecido a manos de agentes del Estado.
Tampoco hubo funcionarios consignados en uno de los casos mencionados en la carta que enviamos a pocos días de que asumiera la presidencia, sobre cuatro hombres en Baja California que fueron detenidos arbitrariamente en junio de 2009 y torturados en una base del Ejército hasta que accedieron a firmar confesiones. Los hombres aún continúan detenidos a la espera de una sentencia sobre los cargos penales contra ellos, se les ha negado atención médica y psicológica adecuada, y presentan graves lesiones a causa de las torturas sufridas. El caso ha sido aceptado por el Comité contra la Tortura de la ONU.
De manera similar, los agentes de la PGR no han demostrado avances en la investigación de los conocidos casos de ejecución extrajudicial de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey en marzo de 2010, o de los niños Almanza, de 5 y 9 años, ocurrido en abril de ese año en Tamaulipas. En ambos sucesos, miembros del Ejército dispararon contra civiles que no estaban armados y luego manipularon el lugar de los hechos.
Impunidad de abusos militares
En diversas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han determinado que todos los casos de presuntas violaciones de derechos humanos de civiles cometidas por militares debían ser investigados y juzgados en la justicia penal ordinaria, y varios miembros de su gobierno han reconocido que este estándar debe ser cumplido.
Sin embargo, nos preocupan profundamente los intentos que han procurado debilitar un alentador proyecto de reforma del Código de Justicia Militar, que actualmente está siendo considerado por la Comisión de Justicia del Senado, al punto tal que posiblemente ya no se adecue al estándar establecido en los pronunciamientos de estos tribunales. El gobierno de S.E. no ha presentado un proyecto legislativo que cumpla con dicho estándar, ni tampoco ha expresado su apoyo a algún proyecto que persiga este objeto, lo cual podría interpretarse razonablemente como evidencia que no considera prioritario el tema.
El gobierno de S.E. ha señalado, asimismo, que más de 500 causas han sido remitidas de la justicia militar a la justicia penal ordinaria, pero no ha proporcionado una lista que indique cuáles son estos casos, lo cual permitiría su verificación. De ser cierto que estas causas fueron transferidas, representarían solamente un porcentaje ínfimo de las más de 5.600 investigaciones de presuntos abusos cometidos contra civiles por soldados que fueron iniciadas por la Procuraduría General de Justicia Militar entre enero de 2007 y mediados de 2013, según datos oficiales obtenidos a través de pedidos de información pública. Asimismo, el traspaso de casos individuales a la justicia penal ordinaria en forma ad hoc no ofrece una solución duradera ni sistémica a este problema.
Persisten los riesgos para periodistas y defensores de derechos humanos
Periodistas y defensores de derechos humanos en México continúan enfrentando graves riesgos debido al trabajo que realizan. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado a nivel federal por el gobierno anterior, representa una iniciativa importante y es sin duda meritorio que su gobierno lo haya implementado con la participación de la sociedad civil. Sin embargo, la posibilidad de que cumpla su mandato se ha diluido gravemente debido a falta de fondos y apoyo político a todos niveles de gobierno, dos elementos trascendentales para que el mecanismo se convierta en una herramienta confiable y obtenga la confianza de aquellos a quienes debería proteger.
Human Rights Watch entrevistó a varios periodistas y defensores de derechos humanos que han solicitado medidas de protección a través del mecanismo en el último año, además de representantes de la sociedad civil que integran la Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo del mecanismo, y a funcionarios gubernamentales. Concluimos que el proceso para evaluar riesgos y dictar medidas de protección registraba serias demoras, a veces de varios meses. En los casos en que se dictaron medidas de protección, muchas veces fueron inadecuadas, hubo demoras en su adopción o no fueron implementadas plenamente por las autoridades locales. Debido a retardos en la ejecución del presupuesto operativo para el mecanismo, han faltado recursos que pudieran dedicarse al diseño y la disposición de medidas de seguridad a largo plazo, no se brindó asistencia de manera uniforme a periodistas y defensores de derechos humanos desplazados, y no hubo continuidad en la atención de los casos.
Es momento de adoptar un nuevo enfoque
La crisis de derechos humanos en México aún no ha terminado. A pesar de ello, en el primer año de su sexenio S.E. ofreció escasas evidencias de que esté dispuesto a avanzar más allá de compromisos retóricos y adoptar medidas concretas para poner freno a los abusos generalizados que distinguieron a la “guerra contra el narcotráfico” impulsada por su predecesor, los cuales aún persisten y continúan impunes en la actualidad.
Cualquier argumento que sugiera que es posible relegar los esfuerzos por mejorar las condiciones de derechos humanos, a la atención de reformas políticas consideradas prioritarias por su gobierno – o peor aún, que las obligaciones en derechos humanos podrían ser subordinadas para lograr apoyo político en favor de las mencionadas reformas – no sólo evidenciaría la falta de compromiso con esta causa, sino que además representaría un grave incumplimiento de las obligaciones jurídicas de México conforme a su Constitución y los tratados internacionales.
Evitar que se cometan nuevas violaciones de derechos humanos requiere investigar aquellas cometidas en el pasado. Con cinco años de mandato por delante, S.E. tendrá tiempo razonable para revertir el curso, fomentar la justicia por los abusos del pasado y demostrar un compromiso verdadero con la prevención de nuevos hechos. Cuanto más tiempo espere para abordar estos abusos, más arraigadas estarán esas prácticas y más difícil será erradicarlas.
Aprovecho la oportunidad para expresar a S.E. mis sentimientos de la más alta consideración y estima.
José Miguel Vivanco
Director
Human Rights Watch
