Manuel Camacho exultaba ayer por la mañana.
La expresión del senador condensaba la alegría de un perredismo ganancioso y, sin embargo, reticente al diálogo cuando de sus dogmas se trata.
El legislador expresaba felicidad porque el Partido de la Revolución Democrática (PRD) consiguió en la mesa de negociaciones cuanto le habían negado sucesivos regímenes anteriores.
El gobierno de Enrique Peña Nieto les ha concedido una reforma política para el Distrito Federal, donde han sentado reales, casi a su gusto y a costa de algunos poderes presidenciales.
Faltan algunos detalles y esos se discuten en privado, en la bilateralidad criticada por Jesús Zambrano, Miguel Barbosa, Silvano Aureoles cuando la hacen los opositores partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).
Las negociaciones continuaban anoche con intensidad y ni modo de hablar de falta de representatividad: en ellas estaban el propio Camacho Solís y Alejandro Encinas, dos ex gobernantes de la ciudad de México.
Ellos son mano y cuando se hayan acordado con el gobierno y el PRI, entonces pasará –tal vez hoy o mañana- a la Comisión del Distrito Federal de Mario Delgado simplemente para su ratificación.
El proyecto de cambio de estatus de la ciudad de México estará listo esta semana, si no se atoran algunos aspectos jurídicos todavía indefinidos.
CONVIVENCIA DE DOS EJECUTIVOS EN LA CAPITAL
La representación perredista fue clara:
Participa en las negociaciones de la reforma política del Distrito Federal a cambio de continuar en el Pacto por México y, por ende, en las discusiones de la electoral del país y de la energética.
Nada raro en nuestra política: el quid pro quo.
Es un viejo reclamo de la izquierda, asumido por el jefe de Gobierno, Miguel Mancera, como una tarea propia para dar a la capital un entramado jurídico moderno, democrático, con personalidad propia y, diríase, de corte europeo.
Dados los avances, el jueves podría celebrar su primer año en el poder con el dictamen aprobado en el Senado de la República, donde los priístas de Emilio Gamboa y los panistas de Jorge Luis Preciado no serán obstáculo.
La autonomía, a nivel de estado, tendrá muchas características:
No está definido si el titular del Poder Ejecutivo recaerá en un gobernador o en un jefe de Gobierno.
Está casi determinado, en cambio, llamar alcaldes a los actuales delegados y darles facultades inclusive para adquirir deuda.
Habrá una Cámara de Diputados con poderes muy superiores a la Asamblea actual.
Los procuradores y los secretarios de Seguridad Pública ya no serán nombrados o ratificados por el presidente de la república, como ahora, salvo casos extremos.
Eso sí, la ciudad de México no pierde su condición de sede de los poderes y, en consecuencia, deberán convivir un presidente y una entidad soberana.
ENTRA A REVISION LA ESTRATEGIA MICHOACANA
1.- El gobierno federal estudia otro cambio a su política de seguridad pública en Michoacán.
Se seguirán dos estrategias: una para fortalecer las labores de inteligencia a fin de dar golpes quirúrgicos al crimen organizado y otra para cambiar la percepción de tener un estado fallido.
El gobernador Fausto Vallejo dio un avance y destacó la inversión en infraestructura como otra columna vertebral.
Y 2.- los panistas siguen empecinados en la reelección inmediata de legisladores, lo cual los convierte beneficiarios de su propia reforma política.
Ante la intransigencia, priistas, perredistas, verdes y demás han decidido dejar esta definición a los plenos del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, donde no pasará la exigencia de Gustavo Madero, Ernesto Cordero y compañía.
Si persiste el ánimo actual, ese transitorio deberá decir: reelección de diputados hasta 2018 y de senadores hasta 2024.
Si por el PAN fuera, los actuales legisladores podrían repetir a partir de 2015.
