Se supone que el próximo día 9 de diciembre las leyes complementarias de la reforma constitucional en telecomunicaciones deberían quedar listas. Con ellas, una serie de asuntos tan importantes como la creación de un nuevo conglomerado de medios públicos de radio y televisión del Estado también. Pero no, los legisladores que son quienes tienen la obligación de procesar este mandato han decidido que, como tantas otras cosas en el país, harán las cosas sin precipitaciones, con calmita, bien, dicen. Eso argumentan ante la falta de cumplimiento de la obligación que el mismo Congreso se impuso en la reforma del pasado 11 de junio.
Ayuda en la construcción reglamentaria lo que preparó la Secretaría de Gobernación a través de RTC, también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al final, como aglutinador político de todo, el Consejo Rector del maltrecho Pacto por México. Cierto es que salió lo del nuevo órgano regulador, el IFT, que es un paso importante y que tiene tareas importantes que resolver, como determinar a quiénes de los participantes en el sector debe regular de forma asimétrica por su tamaño, penetración, alcance, cobertura o infraestructura, aunque para ello se valga más de opiniones externas que de análisis propios.
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