El dictamen de la reforma energética que se discute permitirá a particulares vender gasolina, con lo que le quitarían el monopolio de Petróleos Mexicanos en el sector.
De acuerdo con el documento, en su página 66, se plantea “sustraer de las áreas estratégicas del Estado a la petroquímica básica y permitir que las actividades de la cadena productiva, tales como el procesamiento de gas natural, y la refinación del petróleo, así como el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de dichos productos y sus derivados, puedan ser realizadas tanto por organismos del Estado como por los sectores social y privado a través de permisos que otorgue el Ejecutivo Federal”.
Así, entre las atribuciones que se le otorgaría a la Comisión Reguladora de Energía, se contempla la regulación y el otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribución por ductos de petróleo, gas natural, gas natural comercial, productos petrolíferos, así como de etano, propano, butano y naftas. “La regulación de acceso de terceros a los ductos de transporte y el almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, y la regulación de las ventas de primera mano de dichos productos”.
Amarran acuerdos
Las bancadas senatoriales de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional trabajan para aprobar la reforma energética en los términos del proyecto, lo que significaría que no se incluirán planteamientos de la izquierda, y en específico del Partido de la Revolución Democrática.
De acuerdo con este compromiso de los grupos dirigidos por Jorge Luis Preciado y Emilio Gamboa Patrón, esta tarde votarán el documento en comisiones y lo pasarán a más tardar a las 19:00 horas al pleno senatorial para su primera lectura. La votación se daría en la sesión del martes y de inmediato se enviaría, ya en forma de minuta, a la Cámara de Diputados para concluir el trámite legislativo el miércoles.
Para llegar a este acuerdo, ambos grupos parlamentarios dialogaron el pasado fin de semana en temas que parecían intransitables. El PAN quería incorporar el termino concesiones en el texto constitucional, y el PRI mantener bajo el control del gobierno el fondo petrolero. Al final, ni irá el término concesiones en la Carta Magna y los excedentes petroleros los manejará el Banco de México.
Citan mañana a votar
Las comisiones del Senado que debaten la reforma energética abrieron anoche un receso en la discusión y se citaron hoy a las 11:00 horas para reiniciarla.
Luego de más de nueve horas de sesión, en la que desfilaron un total de 43 oradores, se informó que las mesas directivas de las comisiones ya están listas para recibir las reservas que se pretendan hacer para llevar a cabo el debate en lo particular.
Se espera que las comisiones de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos Primera aprueben la reforma este lunes, por lo menos en lo general; pero eso dependerá de la duración de la discusión y de los acuerdos que puedan alcanzar los senadores en las próximas horas.
El Pleno del Senado está citado para sesionar hoy a las 19:00 horas.
Antes, el grupo parlamentario del PAN se reunirá en privado para analizar el proyecto de dictamen.
La reforma energética contempla cambios a los Artículos 25, 27 y 38 de la Constitución, así como la adición de 21 transitorios.
El calendario prefigurado establecía que el dictamen sería discutido a más tardar mañana, para pasarlo de inmediato a la Cámara de Diputados para, con dispensa de primera lectura, votarse el miércoles.
No se quiere llegar al jueves para no caer en el pronóstico de Andrés Manuel López Obrador, quien en su último mitin en la Plaza de la Constitución vaticinó que habría “reforma guadalupana”, en alusión a su aprobación el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe.
El periodo ordinario de sesiones terminará legalmente el 12 de diciembre. Sin embargo, la intención es aprobarla a más tardar el miércoles 11, revelaron a 24 HORAS fuentes del Congreso de la Unión.
Puntos clave
Se modifican los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales en materia energética, en donde se entregar contratos y asignaciones al sector privado en la exploración y explotación en el sector petrolero, ya sea de utilidad compartida o de producción compartida.
El artículo 27 constitucional garantiza que el petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos que se encuentren en el subsuelo son propiedad de la nación de forma inalienable e imprescriptible.
En el caso de aguas someras, donde Pemex no necesita de socios, se usarán contratos de servicios.
Para el caso de aguas profundas y ultra profundas se podrán aplicar contratos de utilidad o producción compartida; para los yacimientos de gas, donde la inversión y los riesgos son elevados se darán contratos de licencia.
Se propone en el artículo cuarto transitorio que se otorgarán contratos de servicios, de utilidad y de producción compartidas, además de las llamadas licencias.
Además, el proyecto de dictamen dice que se autorizará a las empresas nacionales y extranjeras “reportar para efectos contables y financieros la asignación o contrato correspondiente y sus beneficios esperados, siempre y cuando se afirme en las asignaciones o contratos que el petróleo y todos los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo son propiedad de la nación”.
México pagará a los particulares “en efectivo para los contratos de servicios; con porcentaje de la utilidad para los contratos de utilidad compartida; con un porcentaje de la producción obtenida para los contratos de producción compartida y con la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos”.
Se permite al Estado firmar contratos de servicios, de utilidad o producción compartida o de licencia, para realizar, por cuenta de la nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo.
En el artículo 25 constitucional dice: “tratándose de las actividades a que se refiere el artículo 28 de esta Constitución en materia de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos, la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimiento de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como un régimen de remuneraciones, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad y transparencia con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar”.
Por lo que toca al artículo 27 constitucional, aclara que en materia de energía eléctrica no se otorgarán concesiones, “sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica”.
En el cuarto transitorio se estipula que el Congreso de la Unión, en los 120 días naturales posteriores a la entrada en vigor de este decreto deberá reglamentar en materia de contratos para la exploración y extracción del petróleo y otros hidrocarburos”.
Los contratos podrán ser: de servicios, de utilidad o producción compartida y licencias. Asimismo se dice que la ley establecerá las modalidades de las contraprestaciones que pagará el Estado a sus empresas productivas o a los particulares.
Se dará paso a la creación del Fondo Mexicano del Petróleo, quien tendrá la tarea de administrar la renta petrolera y que será operado por el Banco de México.
También, se proponen auditorías externas para supervisar la efectiva recuperación, en su caso, de los costos incurridos y demás contabilidad involucrada en la operación de contratos así como la divulgación de las contraprestaciones, contribuciones y pagos previstos en los contratos
Se crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
El texto del proyecto mantiene la estructura de la paraestatal Pemex, y sólo refiere que su administración, organización y esquema corporativo deberá ser acorde a las mejores prácticas: “Los consejeros profesionales de Petróleos Mexicanos en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto permanecerán en sus cargos hasta la conclusión de los periodos por los cuales fueron nombrados, o bien hasta que dicho organismo se convierta en empresa pública productiva y sea nombrado el nuevo Consejo de Administración”.