SOCHI, Rusia.- Son tercos, temerarios y se sienten acorralados. Activistas y periodistas de Sochi, que llevan años denunciando el lado oscuro de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en febrero próximo, en los que tanto ha invertido Vladimir Putin, están pagando caro su arrojo.

 

En los últimos meses, algunos han sido detenidos y juzgados. A otros se les ha prohibido ir a la playa. A escasos dos meses de los juegos, las autoridades están apretando las tuercas a estos hombres y mujeres que se niegan a suspender sus denuncias de lo que presentan como la destrucción del medio ambiente y de un estilo de vida.

 

En un informe reciente, la organización Human Rights Watch dijo que consideraba a las autoridades locales directamente responsables de una campaña de hostigamiento de esos activistas. Otras agrupaciones defensoras de los derechos humanos lamentaron los antecedentes de Rusia en el terreno de los derechos humanos por años, pero hay quienes dicen que las tácticas que se están empleando en Sochi son extremas incluso en un país con algunos patrones autoritarios.

 

“Las autoridades de la región de Krasnodar hostigan a los ambientalistas y otros activistas que osan criticarlos en el contexto de la preparación de los Juegos Olímpicos de Sochi”, afirmó Yulia Gorbunova, investigadora de Human Rights Watch. A medida que se acercan los juegos, sostuvo, “la presión aumenta”.

 

Anna Minkova, portavoz del gobierno de Krasnodar, dijo que las autoridades “no están al tanto de las instancias de hostigamiento de activistas civiles” que le mencionó.

 

SVETLANA KRAVCHENKO, periodista

 

Kravchenko visitó la empresa abastecedora de agua para pedir explicaciones por un corte en el suministro a Sochi. Fue rodeada por guardias. La veterana periodista logró salir del lugar, mientras los guardias incluso le rompieron la ropa a tirones. Pero, Kravchenko fue acusada de golpear a un guardia, quien resultó según eso con un raspón de tres milímetros en la oreja. Kravchenko fue hallada culpable de agresión y multada con 300 dólares.

 

SUREN GAZARYAN, ambientalista

 

Gazaryan es una zoóloga que denunció al gobernador Alexander Tkachev, conocido como “Sanya”, por levantar una casa en un bosque donde está prohibido construir viviendas. El año pasado fue hallada culpable de “destrucción de la propiedad” y condenada a tres años de cárcel en suspenso, por pintar el cartel “Sanya es un ladrón” en un cerco. Pero no fue ella. El acoso llegó a tal extremo que terminó pidiendo asilo político en Estonia este año.

 

NATALYA KALINOVSKAYA, alcaldesa

 

Kalinovskaya es alcaldesa del pueblo de Psou. se hizo activista cuando notó que construían sin consultar con los residentes de esos lugares. Protesta porque quieren construir encima del cementerio en el que está enterrado su abuelo. Está demandada por protestar por obras en la playa le le han prohibido entrar al lugar. “Solo quisimos impedir la destrucción de la playa. Putin debería avergonzarse de destruir esta hermosa playa, un sitio único”.

 

ANDREI RUDOMAKHA, ambientalista

 

Rudomakha lidera la agrupación Vigía Ambiental del Norte del Cáucaso, que ha denunciado la existencia de vertederos ilegales, la destrucción de paisajes y de árboles y la contaminación de un río. Fue detenido en actos de protesta, denigrado en la prensa oficial y su oficina fue allanada por el Servicio de Seguridad Federal. “Las autoridades están enviando un mensaje: No te pases de la raya o te las verás mal”, dijo el activista.