La declaratoria sobre la constitucionalidad de contenido de la Reforma Energética dividió ayer a los legisladores federales que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Durante la declaratoria constitucional de la reforma energética el diputado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT), se levantó de su curul y se colocó frente al presidente de la mesa directiva con un cartel que decía: “EPN Traidor a la patria”.
Acto que provocó que Ricardo Anaya se levantará se su escaño y con micrófono en mano dictara el aval de la mayoría de los congresos locales a la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución mexicana.
Mientras, las bancadas del PRI, PAN, PVEM, Panal resaltaron los beneficios que traerá al país la reforma, al promover la competitividad a nivel internacional, las del PRD, MC y PT cuestionaron el proceso de aprobación al considerar que fue “violentado”.
Los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y el Senado fijaron su posición, luego que el presidente de la Comisión Permanente, Ricardo Anaya Cortés (PAN), declaró la constitucionalidad de esta reforma en un minuto, tras ser avalada por 24 legislaturas estatales.
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas la avalaron.
Visión de largo plazo
El coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, se congratuló por la declaratoria de constitucionalidad de la reforma y afirmó que es obra de varios años de discusión y diferentes visiones, para poder modernizar al país y ponerlo en mejores condiciones.
Consideró que el Congreso debe “traducir las necesidades del país en reformas que nos permitan avanzar y salir de la mediocridad” y señaló que los problemas no se resolverán “por arte de magia”, sino dialogando y construyendo acuerdos de manera coordinada.
El senador Javier Lozano Alarcón (PAN) aseguró que la reforma energética permitirá que Pemex se convierta en una empresa productiva para el Estado, y rechazó que el admitir inversión privada represente una privatización.
Manuel Camacho Solís, del PRD, dijo que esta decisión se debió haber aprobado en un nuevo constituyente o a través de un referéndum y consideró que si no se realiza una consulta popular sobre este tema, la reforma energética será ilegítima y “también lo será el régimen político mexicano”.
También cuestionó el proceso que se llevó a cabo en el Congreso de la Unión para su discusión y aprobación, al tiempo que aseveró que “se violentó gravemente el procedimiento legislativo y esa ilegalidad se convalidó diciendo que ya existe precedente, o que la mayoría del Pleno así lo había decidido”.
Mientras que el petista Manuel Bartlett Díaz acusó que el proceso fue violentado en ambas Cámaras legislativas, así como en los estados, lo que calificó como un “golpe de estado legislativo cínico”.
Nacionalistas hipócritas
Manlio Fabio Beltrones (PRI) acalló en su discurso a quienes tienen una “visión distinta de México”.
“Algunos de ellos acompañados de descalificaciones, otras más de algunos insultos o agravios, pero todos ellos respetables dentro de la visión que tienen de nuestro país”, refirió contra los detractores de las reformas estructurales.
Incluso, calificó como “nacionalistas hipócritas” a todos aquellos que hacen de la protesta una forma de descalificar el avance del país para evitar más pobreza, incluso hambre.
“Pero no es simplificando el debate; no es con descalificaciones; no es simplemente con consignas maniqueas entre pretendidos nacionalistas hipócritas, y entre aquellos que sí estamos pensando que los cambios son obligados”, dijo.
