A menos de un año de que se dieran a conocer, las autodefensas en Michoacán están presentes en 19 municipios donde viven más de 800 mil personas. El avance de estos grupos se debe, principalmente, a la base social con la que cuentan, misma que incluso se disputan con grupos del crimen organizado.
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El surgimiento de estos grupos se debe a la ineficacia del gobierno estatal para garantizar protección a los ciudadanos, la cual conlleva otros elementos implícitos como la impunidad, malos procesos en la impartición de justicia y corrupción, que tienen como resultado que la población confíe más en ellos que en las autoridades, explicó en entrevista Gustavo López Montiel, académico del departamento de Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México.
Las autodefensas, agregó, tienen el apoyo de la sociedad en varias localidades debido a que los habitantes están convencidos de la necesidad de protegerse ante la ineficacia del gobierno: “la gente quiere vivir en paz social, pero en este momento prefieren la presencia de quién los protege más”.
Sin embargo, continúo, no se trata de grupos homogéneos en tanto que muchos de ellos están conformados por miembros del crimen organizado, los cuales incluso son aprobados en diversas comunidades ya que son quienes los proveen de servicios que nos les ha brindado el gobierno.
“Hay comunidades que aprueban a las autodefensas y otras, dominadas por el crimen, que las rechazan, esto depende de cómo han generado el proceso de construir su base social, ya sea por la seguridad que brindan o por los beneficios económicos que han otorgado a las comunidades; hay grupos criminales que han dado despensas y regalos, o construyen caminos y pavimentan calles”, apuntó el académico.
López Montiel comentó que este fenómeno es similar a lo sucedido en Colombia, donde el narcotraficante Pablo Escobar era protegido por la sociedad de Medellín debido a los beneficios que les proporcionaba.
Lo mismo ha ocurrido en México. En marzo de 2012, el entonces vocero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), declaró a este diario que la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán se veía cada vez más lejana debido a la vasta red social con la que cuenta el capo en todo el país.
Es así que la lectura que da el especialista a la situación de Michoacán va más allá de la seguridad y violencia: “es un tema que no se resuelve sólo enviando al Ejército o a la policía, porque ya vimos que hay un acuerdo en muchas comunidades en donde no ha habido un desarme de los pobladores por parte de las autoridades”.
El problema, agregó, está en la generación de mejores condiciones de vida ya que, de continuar las cosas como van, se corre el riesgo de que estos grupos, ya sean autodefensas o criminales, tomen el control absoluto de las comunidades, al grado de que sean los que dirijan la distribución de los programas y apoyos sociales gubernamentales, por ejemplo, como ha sucedido en Centroamérica, donde los gobiernos mantienen tregua con los maras, quienes se han ubicado como una estructura política que decide a quiénes otorgar los apoyos sociales.
Estado de excepción
La incongruencia en los tres últimos sexenios en Michoacán es el principal motivo de la crisis de inseguridad por la que atraviesa el estado, señaló Pablo Monzalvo, docente experto en temas de seguridad pública de la Universidad Iberoamericana.
De acuerdo con el académico, la mayoría de los delitos en el estado son de orden común, como el cobro de piso, secuestros y robos, y nadie ha hecho nada en el gobierno debido a que el estado pasa por una situación de desorden, falta de seguridad y concepto jurídico que lo sustente.
Esta situación llevó a los delincuentes en los últimos años a incursionar en otros crímenes de mayor escala, que están dentro del orden federal, como el tráfico de drogas y de armas.
“Vemos una ausencia de los poderes locales y una especie de desconocimiento de lo que está pasando a nivel federal en el orden delincuencial. Si el asunto no se resuelve podría llegar a declararse un estado de excepción”, dijo Monzalvo en entrevista telefónica.
Esta condición, agregó, tendrá que ser valorada por el orden político correspondiente, que es el Senado de la República, quien haría una declaración de la desaparición de poderes y designar un gobierno sustituto en tanto que legalmente los pobladores tomen cartas en el asunto a través de una elección.
Asimismo, el académico enfatizó la necesidad de investigar a las autodefensas, sobre todo para conocer de dónde están obteniendo sus armas y quién les brinda entrenamiento para realizar sus estrategias de movilización que, en ocasiones, parecen de carácter paramilitar.
“El gobierno tienen la obligación de poner en orden ese exceso pero también de combatir a la delincuencia que muchas veces usa la máscara de sociedad organizada”, concluyó.