Buenos Aires.- El Gobierno argentino enviará un millar de agentes federales para reforzar la seguridad en la provincia de Córdoba (centro), donde hoy se ordenó la detención de 17 policías por incentivar presuntamente los motines que derivaron en una ola de violentos saqueos en diciembre.
Por instrucción de la presidenta Cristina Fernández, la Secretaría de Seguridad dispuso el envío de mil agentes federales “en materia de seguridad preventiva, frente a eventuales acciones por parte de la policía de Córdoba”, explicó el jefe del Gabinete de ministros, Jorge Capitanich, en una rueda de prensa.

 

“La seguridad pública es competencia de las provincias. En este sentido, el gobernador (cordobés) José Manuel de la Sota ha hecho un requerimiento formal para la actuación por parte de las fuerzas de seguridad federales”, aclaró Capitanich.

 

“En consecuencia, se establece un mecanismo de prevención pero lo que tiene que quedar claro es que nadie que porte armas en resguardo de la seguridad ciudadana puede extorsionar a los gobiernos”, añadió.

 

Capitanich destacó que la intención del Gobierno es mostrar un apoyo “contundente” para evitar cualquier medida de “carácter extorsivo” y hacer valer el orden institucional frente a las amenazas de nuevas huelgas policiales.

 

El jefe de Gabinete recordó también que el Tribunal de Conducta policial de la provincia de Córdoba sancionó ya ayer a cuatro agentes por promover nuevos acuartelamientos.

 

A estos se sumaron hoy nuevas detenciones relacionadas con los disturbios de diciembre, después de que un fiscal cordobés ordenara la captura de 16 policías y la esposa de un agente por presuntos delitos cometidos durante los acuartelamientos, informaron medios locales.

 

Se acusa a los detenidos de supuesta “desobediencia a la autoridad e instigación a cometer delitos”, al ignorar presuntamente las órdenes de sus superiores de reincorporarse al servicio e instigar a otros a la desobediencia.

 

Los policías cordobeses fueron a la huelga el pasado 3 de diciembre en reclamo de aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo.

 

Ante la ausencia de agentes en las calles, una oleada de saqueos se extendió sobre la capital (unos 800 kilómetros al oeste de Buenos Aires) y se saldó con dos muertos, doscientos heridos e importantes destrozos en comercios y supermercados.

 

Reclamos policiales y disturbios se replicaron después en otras provincias argentinas hasta dejar un saldo de once muertos en todo el país.

 

El Gobierno cordobés llegó a un acuerdo con el cuerpo de seguridad el 4 de diciembre, pero sectores de la policía presionan ahora para que se cumplan íntegramente todos los puntos pactados, entre ellos limitar la sobrecarga de trabajo por horas extra, según medios argentinos.

 

Los disturbios de diciembre provocaron también un duro cruce de acusaciones entre De la Sota, alineado con el peronismo disidente, y el Gobierno encabezado por Cristina Fernández.

 

El gobernador cordobés denunció que le parecía “incomprensible” que el Ejecutivo no hubiera atendido el pedido de sus funcionarios para enviar refuerzos, mientras que desde la Casa Rosada se afirmó que nunca se produjo ningún reclamo por cauces institucionales.