Desde la llegada de Marisela Morales al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) en abril del 2011, suman 120 los altos mandos de la institución sancionados internamente por diversas irregularidades, desde ordenar cateos ilegales, hasta dejar en libertad sin fundamento a probables responsables.
Durante la inauguración del “Coloquio contra la corrupción” en la sede de la Visitaduría General de la PGR, el subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, Miguel Ontiveros Alonso, destacó que es la primera vez que se sanciona administrativamente a ese nivel jerárquico de funcionarios.
Puntualizó que en la lista de funcionarios investigados y penalizados, se encuentran delegados de la PGR, ex delegados, subdelegados, titulares de unidad y directores generales.
“Podemos decir, con orgullo, y lo digo claramente por instrucciones de la procuradora Marisela Morales, que no se tiene precedente de que alguna vez se les haya atribuido responsabilidad administrativa por el ejercicio sustantivo de su cargo a este nivel de servidores públicos”, indicó.
Entre las irregularidades en que incurrieron los funcionarios, se encuentran ejercicios ilegales de sus atribuciones, abusos de autoridad, no ejercicios de la acción penal sin que se agoten líneas de investigación, autorizaciones para cateos irregulares, y varios casos más.
En términos globales, Ontiveros destacó que desde abril del año pasado se han realizado mil 118 vistas de supervisión, que dieron paso a investigaciones para mil 790 servidores públicos de la dependencia, los cuales podrían hacerse acreedores a sanciones de tipo administrativo o penal.
Por otro lado, durante el 2011 la PGR procedió penalmente y obtuvo órdenes de aprehensión en contra de 157 servidores públicos de la dependencia, principalmente policías federales ministeriales, agentes ministeriales, trabajadores administrativos y peritos, de los que 109 ya se encuentran bajo proceso penal.
De los servidores públicos detenidos, 25 fueron por delitos contra la administración de justicia, 21 por cohecho, 12 por abuso de autoridad, entre otros.
“Estas cifras representan un desempeño casi tres veces superior al promedio de los últimos años, además de que ahora se tuvo éxito en consignar casos de mayor impacto por el tipo de agravio social que entrañan.”, apuntó el subprocurador.
También en el 2011, agregó, el Consejo de Profesionalización de la PGR separó de su cargo a 788 servidores públicos que no cumplieron con los requisitos que exige la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, principalmente en lo relacionado a aprobar los exámenes de control de confianza.
Ocho riesgos de corrupción
Para combatir la corrupción en las filas de la PGR, Ontiveros indicó que por instrucción de la procuradora se puso en marcha una “estrategia de administración de riesgos”, mediante la cuan se pueden identificar las situaciones en las que servidores públicos pueden incurrir con mayor probabilidad en actos irregulares.
El visitador general de la PGR, Alejandro Chávez Flores, indicó que gracias a esta estrategia se lograron identificar ocho debilidades que pueden facilitar la corrupción, y las cuales van desde la vulnerabilidad de la información ministerial hasta la impunidad y falta de castigo a conductas irregulares.
Derivado de este análisis, la dependencia federal ha emitido 25 recomendaciones o líneas de acción orientadas a policías federales ministeriales, agentes del Ministerio Público y peritos, para blindar su actuación y frenar la corrupción.
“Esta estrategia de administración de riesgos, creemos que sumado a la parte persecutoria punitiva, hace la pinza de los dos brazos que permiten combatir la corrupción”, indicó el visitador.
Lleva SFP dos mil consignados
Durante la administración del presidente Felipe Calderón, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha denunciado penalmente a dos mil servidores públicos de distintas dependencias federales, por incurrir en actos de corrupción graves que derivaron en un ilícito.
Al participar en la inauguración del referido coloquio, el coordinador de asesores de la SFP, Max Kaiser Aranda, señaló sin profundizar en detalles, que dichos funcionarios fueron puestos a disposición del Ministerio Público y separados de forma inmediata de su cargo.
Advirtió también que se han impuesto sanciones administrativas fuertes, desde inhabilitaciones hasta destituciones, para siete mil 559 servidores públicos, y multas económicas para tres mil 629.
