Después de casi seis años de litigio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), finalmente llegó a buen término la disputa territorial entre Chile y Perú. La CIJ de La Haya emitió el fallo sobre el conflicto marítimo entre los dos países sudamericanos, dando la razón a Perú.

 

Los jueces de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmaron las fronteras reivindicadas por Chile hasta las 80 millas náuticas y más allá de ese punto, dio razón a Perú hasta las 200 millas.

 

El fallo definitivo establece a qué país pertenecen esos 38 mil kilómetros cuadrados de océano en una zona que se extiende hasta el límite de la plataforma continental de cada país.

 

Perú buscó el reconocimiento de una frontera marítima perpendicular a la costa. Chile insistió que la frontera pasa por una línea horizontal con respecto al eje de la Tierra.

 

La zona en disputa incluye una de las pesquerías más ricas del mundo, con una pesca anual evaluada en 200 millones de dólares por la industria pesquera peruana. La mayor parte es una especie de anchoa utilizada para fabricar harina de pescado que se emplea para alimento animal y fertilizantes.

 

Pero para muchos lo que está en juego en el pleito iniciado por Lima en 2008 es el orgullo nacional. Chile se apoderó de sus tres actuales provincias norteñas en la Guerra del Pacífico de 1879-83, en la cual Perú perdió territorios y Bolivia su único litoral marítimo.

 

 

Empresas pesqueras como Corpesca, con base en el puerto chileno de Arica, perderían ingresos. Perú y Chile, en ese orden, son los dos primeros exportadores mundiales de harina de pescado.

 

La zona fronteriza ha sido durante muchos años un modelo de coexistencia. Ciudadanos de ambos países viajan libremente entre Arica y Tacna, en Perú, ciudades que dependen de la pesca y una de la otra.

 

Los chilenos acuden a los hospitales y clínicas de Tacna, donde la atención médica es más barata, en tanto peruanos trabajan en la construcción y otros oficios en Chile. Unas cinco mil personas cruzan la frontera en ambos sentidos, según el alcalde de Arica, Salvador Urrutia.

 

Los fallos de la corte son inapelables y vinculantes para los dos países. Los presidentes de Perú y Chile están obligados a acatarlo.