Por miedo, conveniencia o por necesidad, a lo largo de los últimos años los políticos se han entreverado con Los Caballeros Templarios, como se rebautizó el cártel de La Familia Michoacana. No ha habido partido importante ajeno a esa dinámica que les inyectó testosterona a los criminales y creó un clima, a veces incluso más allá de una percepción, de impunidad. Las historias secretas en Michoacán muestran la claudicación del Estado mexicano ante un grupo delincuencial y pinta la complejidad del fenómeno de la violencia y la debilidad de las instituciones.
Para ilustrarlo, tres botones de muestra:
1.- En junio de 2011, en un retén en Aguascalientes, la Policía Federal detuvo a José de Jesús Méndez Vargas, uno de los líderes del cártel, que ante el cuerpo nunca encontrado de Nazario Moreno, tras un enfrentamiento en diciembre de 2010, estaba erigido en el capo máximo de la organización. Méndez Vargas, apodado El Chango, era el jefe directo de Dionicio Loya Plancarte, El Tío, capturado por el Ejército el lunes. Esa rama en la organización llevaba las relaciones políticas, públicas y el manejo de prensa. Méndez Vargas no vivía en un solo lugar, pero su familia residía en Morelia.
Uno de sus hijos iba a la escuela con uno de los hijos de la hoy senadora Luisa María Calderón, lo que detonó un enfrentamiento en Los Pinos tras la captura de Méndez Vargas entre la entonces primera dama, Margarita Zavala, y el ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. La señora Zavala abogó por la familia de Méndez Vargas y pedía protección para ellos, ante el miedo que si los afectaban, podría haber represalias en contra de la familia Calderón, en particular los hijos de la pareja presidencial y de la senadora. García Luna alegó que tenía que actuarse en contra de todos aquellos que estuvieran fuera de la ley, pero perdió la discusión. A la familia de Méndez Vargas, de manera informal, se le protegió institucionalmente.
2.- Ese mismo año de 2011, Luisa María Calderón era la candidata del PAN al gobierno de Michoacán, que estaba convertido en uno de los campos de batalla en la guerra contra el narcotráfico. Competía contra el perredista Silvano Aureoles y el priista Fausto Vallejo. El estado lo gobernaba el perredista Leonel Godoy, quien ante el temor que ganara la panista, se había inclinado hacia Vallejo, que veía con más posibilidades de ganar que su correligionario. Las elecciones estatales estaban programadas en noviembre, por lo que se planteó crear condiciones para el voto.
El general retirado Arturo Acosta Chaparro, uno de los más importantes operadores en las cañerías del sistema político por casi 40 años, y a través del cual el gobierno de Felipe Calderón envió mensajes a los cárteles que la guerra no iba a tocar a sus familias -términos de combate respetados por los narcotraficantes-, fue requerido para buscar que el cártel michoacano permitiera la celebración de las elecciones. Como respuesta obtuvo que permitirían que los candidatos del PRD y del PRI realizaran campaña y la elección, pero mandaron decir que la hermana del Presidente no iba a tener ese tipo de concesiones y que si llegaba a sus territorios, la matarían. Calderón no pudo hacer campaña en al menos 30 municipios, más del 20% del total del estado.
3.- El gobierno de Godoy había sido tormentoso. El 15 de septiembre de 2008, un mal manejo de unas bombas en la celebración de El Grito impidió que se concretara un atentado en su contra por parte de una de las facciones de La Familia Michoacana, que en ese año se encontraba fracturada. Al año siguiente, la PGR realizó un operativo donde detuvo a funcionarios de su gobierno y alcaldes, en lo que fue llamado el Michoacanazo. Pero nada lo colocó en el centro del debate como su medio hermano, Julio César Godoy Toscano, quien se refería a Servando Gómez, La Tuta, uno de los líderes del cártel, como “padrino”.
Godoy Toscano, ex alcalde de Lázaro Cárdenas, el principal punto de entrada de los precursores químicos para las metanfetaminas, cuya ruta por Tierra Caliente hasta los laboratorios en Jalisco ha estado en el centro del conflicto michoacano entre cárteles, trabajaba para La Tuta. El PRD lo protegió pese a la evidencia de ser empleado del cártel y uno de los enlaces de los criminales con su medio hermano. El ex gobernador siempre negó vínculos con el narcotráfico y abogó ante el gobierno federal por su hermano hasta que fue imposible y se convirtió en prófugo. Hoy el PRD ya no protege a Julio César, pero sí a Godoy.
Nadie parece escaparse de las redes criminales. Por las buenas o las malas razones, los políticos mexicanos contribuyeron a la conflictividad que se vive en Michoacán a través de esta red poco explorada de concesiones y complicidades, y de las cuales nadie, está claro, quiere acordarse, y mucho menos, responsabilizarse.
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