Dos escenas acaban de ocurrir y hacen pensar que algo comienza a cambiar en México.
El martes pasado el empresario Carlos Slim convocó a una conferencia de prensa para responder al ‘Estudio de la OCDE sobre Políticas y Regulación de Telecomunicaciones en México’ que había sido presentado por el propio organismo y el gobierno mexicano el día anterior.
El empresario, contrariado por algunas de las conclusiones del Estudio que atribuye a la concentración del mercado telefónico millonarias pérdidas para los consumidores mexicanos, reaccionó con fuertes descalificativos hacia el análisis de la organización desechándolo por poco serio, tonto y absurdo.
No sé si sus asesores analizaron a fondo el estudio de la OCDE y si le hicieron algunas recomendaciones de cómo responder. Lo cierto es que la reacción de Slim fue desproporcionada, más allá de la legítima defensa de sus intereses económicos a la que tiene derecho. Y ése es el punto que llama la atención. Carlos Slim no es un empresario cualquiera, la acumulación de poder económico y, por lo tanto, su influencia política es tan considerable que es un asunto de interés público. Por ello la sobre reacción de Slim no solo tiene que ver con su temperamento sino, muy probablemente, con la existencia de una amenaza real a sus intereses de dominio en el sector de las telecomunicaciones.
La otra escena ocurrió el martes y miércoles recientes en las oficinas de Iusacell. Fiel a su estilo de confrontación y conociendo de antemano la resolución negativa de la Comisión Federal de Competencia, el empresario Ricardo Salinas Pliego aplicó las estrategias de “juego sucio” que siempre ha usado para no permitir que se le notifique legalmente y así alargar los procesos. Lo hizo con la SEC estadounidense en 2004 que le acusó por un fraude millonario a través de Codisco y lo ha hecho reiteradamente a diversas instancias del gobierno federal.
El pasado martes los notificadores de la CFC no pudieron cumplir su encargo ante la negativa y amenazas del personal de seguridad de la empresa. Ayer miércoles empleados de Iusacell quitaron el rótulo de la telefónica y modificaron la numeración del edificio (del 460 original a 409) para eludir la notificación. Sólo se pudo lograr entregar el citatorio por la insistencia de los reporteros allí presentes y después de algunos golpes. Hoy jueves los representantes legales de la CFC irán nuevamente a la misma hora a cumplir su encargo de notificar a Iusacell y a todas y cada una de las empresas que conforman el holding como lo establece la ley; porque sin cumplimentar esta obligación, la Comisión está impedida de dar a conocer públicamente su resolución y eso debe ocurrir antes del próximo martes 7. Como antier y ayer es probable que la atención pública siga paso a paso lo que allí ocurra.
Ambas escenas, las protagonizadas en los últimos días por los poderosos Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego, probablemente no hubieran ocurrido en años anteriores; no por lo menos de cara a la opinión pública. Algo está pasando en este ámbito y creo que tiene que ver con un mayor involucramiento de los ciudadanos en asuntos públicos como éste. Allí está la diferencia. Y en eso las redes sociales están jugando un papel fundamental.
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