Un estimado de 224 consejeros electorales, más de 150 magistrados de las entidades y cuatro consejeros del IFE se quedarán sin empleo luego de la promulgación de la reforma político-electoral.

 

En el caso de los consejeros del IFE, estarán en sus puestos hasta que la Cámara de Diputados nombre a los nuevos 11 integrantes del Instituto Nacional Electoral, quienes se encargarán de poner en funcionamiento la reforma.

 

Una de sus primeras tareas será nombrar a los nuevos 224 consejeros de los institutos electorales de las 32 entidades del país, por lo cual, los actuales tendrán que dejar sus puestos. Respecto a los más de 150 magistrados de los estados, el Senado, ahora encargado de su nombramiento, será el que decida cuándo serán removidos.

 

Los primeros en perder su empleo serán los cuatro consejeros del IFE: Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños, María Marván y Benito Nacif, porque para instaurar el nuevo sistema electoral, el Instituto Nacional de Elecciones tiene que estar en funciones, y ello implica, que 11 nuevos miembros tomen sus riendas.

 

De acuerdo con información oficial del IFE, los cuatro consejeros recibirán por concepto de liquidación un estimado de 1.2 millones de pesos. Aunque otro de los escenarios sería que decidieran entrar al proceso de selección para formar parte del INE, en ese caso, la Cámara de Diputados los podría ratificar.

 

Sólo María Marván y Lorenzo Córdova han descartado oficialmente buscar un lugar en el nuevo Instituto Nacional de Elecciones, por lo cual, Baños y Nacif serían los únicos que podrían seguir en sus labores.

 

Respecto a los consejeros estatales, la reforma electoral mandata que será el INE el encargado de nombrar a seis consejeros y un presidente de cada órgano del país. Un total de 224 funcionarios. Tras el nombramiento, los actuales tendrán que dejar el cargo.

 

Presidentes de consejos estatales como la zacateca, Leticia Soto, han alertado que liquidar a los integrantes de los institutos de elecciones tendría un costo aproximado de dos mil millones de pesos, por lo cual, se pronunciaron por conservar la base de trabajadores.

 

Este diario reveló que con la reforma política pone en riesgo tres mil empleos en los 32 institutos electorales del país, incluidos los puestos de más de 200 consejeros, para que, al menos, los trabajadores de base conserven sus empleos se tendría que incluir en las leyes secundarias un artículo transitorio que los blindara.

 

Los integrantes de los tribunales electorales locales correrán con la misma suerte que los cuatro consejeros en funciones en el IFE y que los más de 200 consejeros de los institutos locales.

 

En cada entidad existen entre tres y cinco magistrados, por lo que entre 100 y 160 tendrán que presentar su renuncia tras la promulgación de la reforma político-electoral.

 

Los estados requerían de un presupuesto especial, aún no determinado, para liquidar a los magistrados y consejeros, además de su equipo de colaboradores que dejarán sus puestos con la entrada en vigor de la reforma político-electoral.