CARACAS. “No me subestimen, sectores de la burguesía. Si hay que expropiar (empresas) vamos a expropiar a quienes tengamos que hacerlo”, así advirtió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a las empresas que incumplan la Ley de Precios Justos, que establece ganancias máximas de 30%, y que empresarios aseguraron impugnarán por considerarla “inconstitucional”.

 

Desde el Cuartel de la Montaña al conmemorar los 22 años del golpe militar del 4 de febrero contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), el mandatario dio de plazo hasta el próximo lunes a las empresas para ajustar sus precios y señaló que quien viole la nueva ley se expondrá a esa medida radical.

 

El empresariado venezolano no tardó en reaccionar y anunció que presentará un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia contra esta ley -promulgada por Maduro el pasado 24 de enero para combatir una supuesta “guerra económica”- por considerarla “inconstitucional” ya que “lejos de contribuir a mejorar la economía del país, hará que sea mucho más grave”.

 

Jorge Roig, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio (Fedecamaras), Roig detalló que el carácter “inconstitucional” de esta radica en el hecho de que declara como materia de “utilidad pública” a toda la cadena nacional, cuando la constitución estipula que “el sector privado conjuntamente con el gubernamental son los que deben proponer un modelo económico”.

 

Según el presidente de Fedecamaras, esta ley “confisca” la libertad económica, restringe la oferta y aleja las inversiones. “Todas las empresas, al ser de utilidad pública sin importar su tamaño, quedan listas para expropiaciones, para ser confiscadas por el estado sin el pago oportuno”.

 

Por otro lado, la responsable de la recién creada Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (SUNDDE), Andreína Tarazón, comparó con “criminales de guerra” a aquellos que acaparan alimentos, en momentos en que el país vive un nuevo episodio de escasez de bienes.

 

“Hay factores que insisten en delinquir, en comportarse como criminales de guerra porque acaparar toneladas de alimentos, dejar que estén en estado de descomposición toneladas de carne (…) desviar toneladas y toneladas de alimentos hacia Colombia son actitudes que cometen criminales de guerra”, dijo la también ministra de la Mujer a la emisora local Unión Radio.

 

Frente a esto, Tarazón sostuvo que el gobierno “no tiene otra opción” que aplicar la nueva Ley de Precios Justos, que pretende controlar los precios y acabar con la escasez, apoyada en la prohibición de márgenes de ganancias superiores al 30 % y sanciones de hasta 10 años de cárcel para los acaparadores.

 

Maduro lanzó en noviembre pasado una cruzada para que los comercios vendan sus productos a precios justos y al iniciar el año dijo que esta ofensiva entrará en una nueva etapa.

 

La economía venezolana sufre recurrentes episodios de desabastecimiento de productos de consumo, como papel higiénico o leche, que obligan a las personas a recorrer varios supermercados para encontrar lo que necesitan, mientras que la inflación alcanzó 56.2% en 2013, la mayor de América Latina; la escasez de productos llegó a 22,2% en diciembre y el crecimiento del PIB fue de 3%, contra 6% pronosticado inicialmente.