TOKIO. La mayoría de los militares estadounidenses declarados culpables de delitos sexuales en Japón en años recientes no fueron a prisión, sino que los degradaron, los multaron, los confinaron en sus bases o los expulsaron de las fuerzas armadas, según documentos oficiales.

 

En unos 30 casos el único castigo fue una amonestación por escrito.

 

Más de mil documentos internos del Departamento de Defensa obtenidos por la AP sobre la base de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos narran casos con detalles explícitos, un panorama perturbador sobre cómo los militares estadounidenses castigan a los suyos que han sido acusados de cometer delitos sexuales.

 

El manejo de los procesos raya en lo caótico y hay algunas acusaciones graves que terminan en cargos menores. En dos casos de violación, los jefes de los militares acusados vetaron recomendaciones de llevarlos a un consejo de guerra y en su lugar ordenaron su pase a retiro.

 

Aunque las autoridades militares coincidan en que se cometió un delito, resulta poco probable que el sospechoso vaya a prisión. De 244 militares mencionados en los documentos, sólo una tercera parte fue a prisión.

 

El análisis de los delitos sexuales, reportados entre 2005 y comienzos de 2013, revela una amplia gama de decisiones contradictorias y poco uniformes:

 

-La Infantería de Marina fue la que presentó mayores probabilidades de enviar los culpables a prisión, con 53 sentencias de cárcel en 270 casos. En comparación, de los 203 casos de la Armada, a más de 70 los llevaron a una corte marcial o los castigaron de otra manera. Sólo 15 fueron sentenciados a prisión.

 

-La Fuerza Aérea fue la más flexible a la hora de aplicar penas de prisión. De 124 delitos sexuales, el único castigo para 21 acusados fue una amonestación por escrito.

 

-Aumentaron los casos de víctimas que se niegan a cooperar con las autoridades o se retractan, señal de que podrían haber perdido confianza en el sistema. En 2006, el Servicio Naval de Investigaciones Penales, que abarca a la Infantería de Marina y a la Armada, reportó 13 de estos casos; en 2012 fueron 28.

 

En dos casos, ambos en la Infantería de Marina, las denunciantes dijeron que abusaron de ellas sexualmente después de una noche en que bebieron mucho alcohol y ambas tenían algún tipo de evidencia que fundamentaba sus denuncias.

 

En uno de los casos, un soldado fue sentenciado a seis años de cárcel, pero las autoridades se limitaron a confinar al otro militar a su base durante 30 días.

 

En conjunto, los casos demuestran cómo algunos jefes militares se esfuerzan por reducir la cantidad de casos de abuso sexual reportados. Los documentos también podrían servir de argumento para los legisladores que desean despojar a militares de alto rango de su autoridad para decidir si casos de delitos graves, como la violación y el abuso sexual, deben ir a juicio.

 

“¿Cuántas violaciones más tenemos que soportar para que las reformas necesarias se implementen?”, preguntó la Kirsten Gillibrand, demócrata por Nueva York y presidenta de la Subcomisión de Personal de las Fuerzas Armadas del Senado.

 

Gillibrand lidera un grupo de legisladores de ambos partidos que piden con insistencia una reforma del sistema de justicia militar de Estados Unidos.

 

Alan Metzler, coronel de la Fuerza Aérea y subdirector de la Oficina de Prevención y Respuesta a Agresiones Sexuales del Departamento de Defensa, dijo que esa entidad “ha sido muy transparente en reconocer que hay un problema”. Agregó que varios cambios en las leyes militares han creado una cultura en la que las víctimas confían que sus denuncias se tomarán en serio y que los responsables serán castigados.

 

Los casos de agresión sexual que han llegado a los tribunales militares han aumentado de manera constante: de 42% en 2009 a 68% en 2012, según cifras del Departamento de Defensa. En 2012, de los 238 militares condenados por delitos sexuales, 74% fue a prisión.

 

Pero esa tendencia no se refleja en los casos ocurridos en Japón. De las 473 acusaciones de agresión sexual contra miembros de la Armada y la Infantería de Marina, sólo 116, (24% de los casos), llegaron a consejo de guerra. En la Infantería de Marina, uno de los casos de 2012 terminó en un consejo de guerra. En otros 13, los jefes impusieron sanciones no judiciales en lugar de penas de prisión.

 

Un proyecto de ley de Gillibrand que debe presentarse en el Senado esta semana contempla retirar a los militares de alto rango la autoridad para decidir cómo procesar las denuncias de agresión sexual.

 

La iniciativa daría esa responsabilidad bajo un grupo de abogados litigantes con experiencia procesal.

 

Pero los altos mandos militares de Estados Unidos se oponen a esa reforma.

 

“Sacar a los jefes militares de los casos no resuelve ningún problema”, dijo el senador federal Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, ex abogado de la Fuerza Aérea y principal miembro de su partido en la Subcomisión de Personal de las Fuerzas Armadas. “Sería desmantelar el sistema de justicia militar más allá de los delitos sexuales. Le quitaría a los jefes militares la responsabilidad de solucionar este problema”.

 

Gillibrand y quienes la apoyan alegan que el cambio que necesitan las fuerzas armadas no ocurrirá si los jefes militares conservan su autoridad en el sistema de justicia militar.

 

“Los jefes han tenido esta autoridad desde los días de John Paul Jones y las agresiones sexuales siguen ocurriendo”, dijo Lory Manning , capitán retirado de la Armada y miembro del proyecto Women in the Military. “Y mire adónde hemos llegado”. (AP)