El dato que ayer circulaban las organizaciones de periodistas, tras conocerse del asesinato del reportero Gregorio Jiménez Goyo, es contundente: en lo que va de la actual administración de Javier Duarte, han muerto 10 periodistas en Veracruz, y en esa decena de casos aparece, como común denominador, la impunidad con que criminales y autoridades actúan en estos crímenes sin castigo y que ya ubican al estado como uno de los más peligrosos para el ejercicio periodístico en un país de por sí es considerado hostil y letal para los informadores.
Curiosamente al anunciar ayer la aparición del cadáver de Gregorio Jiménez, el procurador de Veracruz, Amadeo Flores, se apresuró a afirmar, con base en una sola declaración de un detenido, que el asesinato se debió a “rencillas personales” y que fue una mujer, Teresa de Jesús Hernández, propietaria de un bar, quien ordenó secuestrar y matar al periodista a cambio de 20 mil pesos pagados a “una célula de un grupo criminal”. Es decir, que según la versión oficial, dada con premura ante la presión nacional e internacional que desató este caso, todo se redujo a una “venganza por problemas entre vecinos”.
Lo que no informó el procurador es que en ese bar, ubicado en la localidad de Villa Allende, municipio de Coatzacoalcos, se cometió hace algunos meses, en octubre del 2013, un asesinato de migrantes por parte de grupos del crimen organizado. Fue la publicación de esa información, junto con otros reportajes sobre el incremento de secuestros en la región por parte del reportero de medios como Notisur y La Red, lo que originó las amenazas de la dueña del bar que actuó en contubernio con sicarios del narcotráfico. De hecho, el cuerpo del periodista fue encontrado en una fosa clandestina junto con el de un taxista sobre el secuestro del cual Gregorio había informado en sus notas.
Llama la atención que en éste, como en otros casos de periodistas asesinados en Veracruz, las autoridades rechacen de inmediato las líneas de investigación que tienen que ver con su trabajo periodístico, y concluyan, como ha ocurrido en varios asesinatos, el tema en “venganzas o asuntos personales”. Porque en al menos éste y otro caso, el de la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, hay una conexión, además de la versión oficial de “problemas personales”, y es la participación en ambas indagatorias de Enoc Maldonado como fiscal encargado de las dos investigaciones.
En medio de las protestas que volvieron viral e internacional el asunto del secuestro de este periodista, que circuló en las redes sociales en forma del hashtag #QueremosvivoaGoyo y ahora como #JusticiaparaGoyo, el tema de los asesinatos de periodistas en México vuelve a cobrar relevancia. En los últimos 12 años, incluido lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, han sido asesinados 70 informadores en el país, de los cuales 15 asesinatos ocurrieron en Veracruz y 10 de ellos bajo el actual gobierno de Javier Duarte. La mayoría de esos crímenes han ocurrido en estados con altos niveles de violencia y en gran parte de los casos tienen que ver con el narcotráfico sin que ni el gobierno federal ni los de los estados investiguen a fondo los asesinatos ni capturen a sus asesinos, a pesar de la creación de fiscalías y comisiones investigadoras.
Ayer la periodista Marcela Turati, cuyo trabajo ha documentado la muerte y desaparición de reporteros en México, publicó una carta en redes sociales en la que decía: “Me dueles Goyo y todos los Goyos desconocidos. Por ti guardaremos días de silencio, para llorar, para tomar aire, para recuperar fuerzas, porque sabemos que tenemos que seguir denunciando hasta que los silenciadores aprendan que ni uno más. ¿Y yo me pregunto? ¿Para qué tanta fiscalía? ¿Para qué tanto mecanismo? ¿Para qué tanta mentira?”
NOTAS INDISCRETAS… Otro caso que ha estado marcado por la impunidad y la sospecha en Veracruz es el asesinato del joven cantante Gibrán Martiz. A pesar de la detención de policías del estado que participaron en su secuestro y de las denuncias de sus padres que aseguran que el cuerpo del joven tenía el tiro de gracia, poco se ha avanzado en los móviles de este crimen en el que se vincula al secretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Bermúdez, y a un sobrino suyo que había tenido diferencias con Gibrán. En el Congreso local se ha pedido la comparecencia del funcionario estatal y que se indague a fondo la participación de los agentes estatales bajo su mando, que al parecer recibieron órdenes y detuvieron con lujo de violencia al cantante que después apareció ejecutado. La versión oficial aseguró que murió “en medio de un enfrentamiento armado”, aunque en Jalapa se insiste en que los policías actuaron por órdenes superiores y por las rencillas familiares de su jefe… Serpiente doble. Dados negros.
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