La Justicia Federal ordenó la liberación inmediata de dos mujeres de la etnia Huichol detenidas en posesión de peyote, y acusadas por delitos contra la salud.

 

El Tribunal dio sus falló con base a los criterios de protección especial que la Constitución y los Tratados Internacionales otorgan a los pueblos indígenas, así como a sus usos y costumbres.

 

De acuerdo con el expediente en el año 2011 a través de una denuncia ciudadana se informó que en el paraje conocido como El Tanque de Emeterio, en Real de Catorce, San Luis Potosí, varias personas se encontraban sustrayendo y consumiendo peyote por lo cual los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal se trasladaron al lugar.

 

En el lugar se encontraban cinco hombres, tres mujeres y una menor de edad, así como tres casas de campaña, campamento donde los indígenas realizaban un ritual de sanación de acuerdo con sus usos y costumbres.

 

El informe de los policías detalló que frente a una casa de campaña, esparcidas sobre un morral de ixtle, fueron halladas otras doscientas nueve cabezas peyote, y dentro de un morral de estambre aproximadamente tres kilos de gajos de la misma planta.

 

Mientras que los detenidos les informaron que el peyote era de su propiedad y que lo consumían para fines médicos.

 

Además, en sus respectivas declaraciones preparatorias, las inculpadas se auto-reconocieron como integrantes de la etnia indígena huichol, que entre sus ceremonias religiosas estaba el uso del peyote con fines medicinales, y que en el momento en que fueron detenidas estaban realizando un ritual en el desierto de Wirikuta o “Altar Mayor”, en el que utilizarían el peyote que les fue asegurado.

 

Una de las implicadas era reconocida como una “maracame”, “mujer medicina” o curandera de su etnia, y que la planta era utilizada para rezar porque curaba cualquier malestar físico o espiritual.

 

Con base en los Protocolos de Actuación para jueces y magistrados emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los tratados internacionales, el Segundo Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, otorgó la revocación del auto de formal prisión pronunciado el primero de noviembre del 2012.