Sin que exista una sentencia de culpabilidad o inocencia, y en medio de cuestionamientos sobre la legalidad de las acusaciones, hoy cumple un año en prisión la ex líder magisterial Elba Esther Gordillo.
Más de 2 mil 600 millones de pesos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) desviados para su beneficio personal, y un fraude fiscal que supera los 2 millones de pesos, fueron las acusaciones que llevaron a “la maestra” tras las rejas. Sin embargo, los juicios poco o nada han progresado.
Por un lado, la defensa de Gordillo ha obtenido algunas victorias en tribunales que evidenciaron fallos técnicos en los procedimientos y detuvieron temporalmente las acusaciones, aunque sin lograr revocarlas.
Por el otro, la Procuraduría General de la República (PGR) ha insistido en que las pruebas son sólidas y que la investigación es más grande de lo que se conoce, pero no hay nuevos expedientes consignados ni detenciones de personas del círculo cercano a Gordillo que presumiblemente estuvieron involucradas.
Públicamente no han faltado los señalamientos entre las partes. “Acusación amañada y con fines políticos”, “tácticas burdas y dilatorias”, “argumentos endebles y sin consistencia”, son algunos de varios comentarios que han intercambiado los abogados y la Procuraduría.
El caso llegó incluso al escritorio de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes analizarán si existen elementos para que sea atraído y analizado.
En ese contexto, Gordillo permanece en prisión, aunque no en una celda común y corriente como centenares de internas en la ciudad, sino en una zona especial de la torre médica del penal de Tepepan, aislada, y con cuidados y dietas especiales bajo el argumento de que su avanzada edad y estado de salud así lo requieren.
Clases de yoga, una cama clínica con posiciones múltiples, una ducha privada, ropa deportiva, son algunos de los “beneficios” con los que cuenta la ex dirigente sindical en su reclusión.
Las acusaciones
El 26 de febrero de 2013 agentes de la PGR detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Toluca a Elba Esther Gordillo Morales, quien venía de un vuelo procedente de Estados Unidos. De forma simultánea fueron detenidos Nora Guadalupe Ugarte Ramírez e Isaías Gallardo Chávez, que también laboraban en el sindicato.
Ese mismo día, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, anunció que la detención obedecía a una investigación iniciada en diciembre del 2012, que había arrojado evidencia que calificó de “irrefutable” sobre el desvío de miles de millones de pesos hacia cuentas de la ex presidenta del SNTE. La consignación fue por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Datos de la indagatoria a la que 24 HORAS tuvo acceso, evidenciaron al menos seis rutas a través de las cuales Gordillo, con su red de prestanombres, lograron desviar más de dos mil millones de pesos de las cuentas del sindicato hacia tiendas departamentales y bancos europeos.
El dinero fue utilizado para pagar viajes, aeronaves, tratamientos de belleza, artículos y ropa de lujo, las deudas de sus tarjetas bancarias, propiedades en San Diego, y hasta obras de arte.
Meses más tarde, el 8 de octubre, la Procuraduría consignó una nueva averiguación contra Gordillo por el delito de defraudación fiscal equiparada, vinculada con un monto de ingresos no declarados al SAT en el 2008, que superaban los 2 millones de pesos.
Los amparos
La defensa de Gordillo, encabezada por el abogado Marco Antonio del Toro, consiguió el 24 de septiembre un amparo del juez Cuarto de Distrito que dejó sin efecto el auto de formal prisión por los delitos de lavado y delincuencia organizada, bajo el argumento de que la PGR violó el “debido proceso”.
El Consejo de la Judicatura Federal, a través de un comunicado, difundió los argumentos del juez quien, entre otras cosas, consideró que la Procuraduría en su prisa por consignar ponderó las acusaciones sin que estuvieran listas las pruebas periciales, que la evidencia no sustentaba la culpabilidad, y que tampoco estaba demostrada la “delincuencia organizada”.
La PGR arremetió en otro comunicado contra el Consejo al que acusó de afectar la imparcialidad del proceso por la forma en como informó del amparo. Además impugnó el amparo bajo el argumento de que el juez se basó en “argumentos endebles y sin consistencia jurídica”.
Pese a que la defensa ganó el amparo, el 13 de febrero pasado su defensa anunció que se desistían del mismo bajo el argumento de que preferían llevar el caso ante la Corte, pues había quedado demostrada la debilidad de la acusación. La subprocuradora de la PGR, Mariana Benítez, acusó que se trataba de una estrategia “burda” y de prácticas “dilatorias”.
Los abogados de la líder magisterial también ganaron en noviembre una apelación en contra del proceso por el delito de defraudación fiscal, aunque en diciembre se terminó ratificando el proceso. Del Toro adelantó que buscaría un nuevo amparo.
¿Otros involucrados?
Tras la captura de Gordillo, la PGR explicó que la red que permitió el supuesto lavado de millones de pesos del sindicato magisterial, involucraba a muchas más personas que estaban bajo investigación.
En los días siguientes se presentaron una ola de solicitudes de amparo de más de una decena de personas, familiares y cercanos a la ex presidenta del SNTE, ante el temor de ser detenidos.
Entre los que buscaron amparos se encontraban el ex esposo de Gordillo, Francisco Arriola, sus ex yernos René Fujiwara y Fernando González, su ex yerno y ex contador Erick Rodríguez, su nieto Othón Francisco de León Arriola, y su ex colaboradora y ex diputada Silvia Luna Rodríguez.
Hasta el día de hoy la PGR no ha detenido a nadie más.
“Pocas veces tiene un Procurador oportunidad de presentar un caso tan contundente como ese”
Murillo Karam
sobre el caso Gordillo
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