El proyecto para crear una Ley General Penal que homologue lo que se considera un delito y lo que no en todo el país, así como el rango de penas y sanciones, sigue atorado en el debate entre los estados y no hay certeza de que llegue a aprobarse.
Es posible que el nuevo sistema penal arranque en el 2016 sin que exista un código penal común en el país, reconoció María de los Ángeles Fromow, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), en entrevista con 24 HORAS.
“Ley General Penal o código único es una discusión que está llevando más tiempo en los distintos sectores, sigue vigente la idea por el Presidente de la República, pero se está manejando de manera paralela la implementación de la reforma (…) no nos podemos detener en el arranque del sistema esperando que esto se apruebe”, indicó.
En México hay 33 Códigos Penales distintos: 31 de los estados, uno del DF y uno federal. Esta situación provoca que, por ejemplo, el aborto en un estado sea delito y en otro no, que el robo de ganado en una región sea delito grave y en otro una falta menor, o que haya una diferencia de más de 20 años entre las sentencias de algunos ilícitos.
Incluso hay entidades donde la extorsión o la trata de personas en algunas modalidades no son consideradas un delito grave.
“Hay una gran diferencia de la conceptualización de los delitos, desde el tipo penal hasta el tema de la pena o sentencia (…) las diferencias de sanciones son enormes, hay quien considera delitos graves que en otros lado son lo son. Es importante dialogar sobre ello”, subrayó la funcionaria.
En ese contexto, el encontrar un punto de común acuerdo entre los distintos estados se ha vuelto “complejo”, reconoció Fromow. El objetivo sigue siendo avanzar hacia una legislación penal común, que no se quede solamente en el código procesal nacional, pero el tema continúa a nivel de debate.
“Se requiere centralizar una política pública de prevención del delito. Son discusiones sobre cómo podemos superar esas diferencias. Se están buscando opciones, no es imposible, se puede hacer, pero lleva un análisis técnico, de sensibilización incluso social sobre cómo se puede hacer. subrayó.
Insistió en que la implementación del nuevo sistema penal acusatorio que tiene como fecha límite el 2016 puede avanzará de forma paralela a una eventual Ley General Penal, aunque descartó que se vaya a abandonar lo segundo pues es un compromiso del Presiente.
Faltan 100 leyes
La titular de la SETEC explicó que para que arranque el sistema de justicia penal aún falta un intenso trabajo legislativo. Subrayó que son un centenar de leyes secundarias o locales las que habrá que crear o modificar para armonizar la misma forma de hacer justicia en todo el país.
Recordó que el recién aprobado Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones, y la Ley para solución de Controversias, esta última que apenas será discutida, son el pilar básico a partir del cual se homologaran los procedimientos a nivel nacional.
“Son cerca de 100 leyes que tenemos que instrumentar en todo el país para asegurarnos que pueda existir el mismo sistema y las leyes nacionales se interpretan conforme a los procedimientos que se requieren”, indicó.
Estableció que aun cuando no exista un código penal único, si serán necesarias modificaciones a los códigos penales locales para que sean compatibles con el código procesal y el sistema acusatorio, orientado hacia la reinserción y la solución alterna de conflictos.
Recibe Senado iniciativa de EPN
El Senado de la República recibió del Ejecutivo federal la iniciativa que expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de solución de Controversias en materia Penal, a fin de resolver a través del diálogo conflictos derivados por la posible comisión de un delito de orden federal o local.
La iniciativa del Presidente de la República, explica que a través de modificaciones al Código Federal de Procedimientos Penales, sería posible a través de la –justicia alternativa- resolver conflictos entre dos actores de la sociedad, mismos que podrían llegar a un acuerdo a fin de evitar penas carcelarias.
