La homologación legislativa con la reforma educativa aprobada por el Congreso de Veracruz provocó la reacción de organizaciones civiles y de la propia Secretaría de Educación Pública (SEP), ante la posibilidad de que contravenga la legislación federal aprobada el año pasado.

 

Una vez concluido este 12 de marzo el plazo para que las entidades adecuaran sus leyes, la organización civil Mexicanos Primero señaló cinco puntos de la legislación veracruzana aprobada el 4 de marzo, que en su opinión podrían derivar en una controversia constitucional.

 

Según la organización, la ley estatal no establece las sanciones para los docentes que falten a su trabajo más de tres días en el mes sin justificación, o para los profesores que no presenten o aprueben las evaluaciones.

 

El artículo 179 de la ley estatal -donde se establecen las sanciones por incumplimiento a la legislación- señala en las fracciones II y III que “son infracciones de quienes prestan servicios educativos los que suspenden el servicio educativo sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor” y quienes “suspenden clases en días y horas no autorizados por el calendario escolar aplicable sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor”.

 

La fracción XI de ese artículo sólo señala que se infraccionará a los docentes que se opongan a la evaluación, supervisión y vigilancia, pero en ningún momento aclara cómo serán sancionados, a pesar de que la Ley General del Servicio Profesional Docente así lo establece.

 

Mexicanos Primero señaló que no existe disposición para no pagar el sueldo de maestros comisionados en actividades sindicales o en cualquier cargo incompatible con sus funciones.

 

El artículo 87 señala que cualquier profesor, director o supervisor que abandone su empleo por otro cargo será sujeto de sanciones, sin embargo, establece que el maestro tendrá el derecho de impugnar esta resolución ante las autoridades.

 

La legislación, a decir de la organización, no precisa programa alguno de regularización para los asesores técnico pedagógicos, lo cual contradice lo señalado en las leyes secundarias de la reforma educativa.

 

De acuerdo con la organización, la ley estatal contiene criterios discriminatorios para el ingreso al servicio en su artículo 60, donde establece que todas las personas que cumplan con el perfil podrán participar en el concurso de oposición, pero apunta que en educación básica darán preferencia al maestro normalista egresado del sistema educativo veracruzano.

 

En el mismo sentido, el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, aseguró tres días después de la aprobación por parte del Congreso de Veracruz que una entidad “del Golfo” violó los principios de la reforma educativa, por lo cual la autoridad interpondrá un recurso de inconstitucionalidad.

 

El miércoles por la noche –cuando venció el plazo de seis meses para que los estados armonizaran sus leyes-, la SEP advirtió, a través de un comunicado, que se iniciará la revisión de cada una de las legislaciones locales para verificar que no incumplan con el Marco Normativo Constitucional.

 

Sin embargo, ayer la diputada veracruzana Ana Guadalupe Ingram Vallines negó que la legislación estatal se contraponga con la federal. “Ha sido una ley de mucho consenso, de mucho estudio, de mucho trabajo donde hay que destacar esta gran labor, claro que está apegada, es una armonización que está apegada y en consenso”, dijo a medios locales.

 

En tanto, el abogado laboral, Luis Alberto Viades Blanco aseguró al diario El Demócrata que el comentario de Chuayffet es un berrinche porque en la entidad se le quitó el aspecto punitivo a la ley federal.

 

Maestros de Coahuila insisten

 

 

La disidencia magisterial de Coahuila aseguró que obtuvieron el compromiso del gobernador, Rubén Moreira, de reunirse con Emilio Chuayffet para reconsiderar la parte de la ley relacionada con las evaluaciones y la permanencia en el empleo.

 

A cambio del encuentro, los docentes aceptaron no abandonar las aulas ni movilizarse, como lo hicieron el 4 y 7 de marzo para evitar la discusión y aprobación de la nueva ley estatal de educación.

 

DESECHAN AMPAROS DE MAESTROS

 

Los jueces de Distrito en Puebla que tomaron conocimiento sobre los amparos presentados por los maestros inconformes con la reforma educativa comenzaron a desechar los juicios, por lo cual se declaran constitucionales las leyes secundarias de la mencionada reforma.

 

Desde el lunes pasado, el Juez Séptimo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en Cholula, Puebla, se ha manifestado en torno a siete amparos promovidos por los maestros, y en todos ellos ha negado la protección de la justicia federal.

 

Se trata de los amparos 408, 434, 435, 421, 451, 461 y 549, todos ellos presentados en 2013 en contra de los cambios a los artículos 3 y 73 de Constitución aprobados el año pasado.

 

Ahora, el Poder Judicial de la Federación ha comenzado a desahogar los más de 600 mil juicios de garantías, la mayoría de ellos, acumulados en los denominados “amparos colectivos” presentados por los profesores.

 

Para dar salida a los juicios, el Consejo de la Judicatura Federal informó que  los Juzgados de Distrito Primero, Segundo, Tercero, Sexto y Séptimo, así como los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, eran los únicos autorizados para dar trámite, resolución y, en su caso, ejecución de los juicios de amparo que se presenten en contra de la reforma educativa.