Con el fin de combatir el delito de extorsión, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, envío al Congreso local una iniciativa de ley para adicionar al Código Penal de la entidad sanciones de 6 a 10 años de prisión a quien tolere, permita, facilite, trafique o introduzca equipos electrónicos de comunicación, radiocomunicación, telefonía celular, drogas o enervantes, dinero, armas y cualquier objeto prohibido a los Centros Preventivos y de Readaptación Social.
Además, la iniciativa establece castigos de ocho a 13 años en prisión para aquellos servidores públicos que participen en esta práctica. Así mismo, solicitará a los concesionarios de redes públicas que, con base en el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, cancelen las señales de telefonía celular dentro del perímetro de los penales o centros de internamiento.
