A Gregorio Jiménez lo asesinaron por hacer su trabajo: informar en los medios de comunicación de los secuestros, extorsiones, robos, crimen organizado y homicidios en el sur de Veracruz.
Jiménez de la Cruz fue encontrado muerto en una fosa clandestina el 11 de febrero pasado en el municipio de las Chopas, una semana después de ser secuestrado en su propio domicilio. El gobierno señaló a María Teresa Hernández como la autora intelectual del homicidio por un conflicto entre vecinos.
Por el caso de Gregorio y el de otros 16 periodistas fallecidos desde 2005, la organización Reporteros Sin Fronteras calificó a la entidad como una de las más peligrosas para ejercer el periodismo. A su vez, el reporte de Artículo 19, presentado el martes pasado, documentó 43 casos de agresiones en 2013, de las cuales 60% fueron perpetradas por autoridades gubernamentales.
El puerto de Veracruz, Xalapa, Córdoba, la zona norte que colinda con Tamaulipas y el sur, entre Acayucan y Chinameca son las regiones donde se registran más agresiones a los comunicadores, según el Informe de la Misión de Observación de periodistas y organizaciones por la libertad de expresión que acudió a la entidad por el asesinato del periodista Gregorio Jiménez.
El documento señala que en el sur la violencia se agravó desde el año pasado con el cambio de policía municipal al Mando Único Policial, que controla la Marina. Esta situación rompió la relación que había entre ambos, al mismo tiempo que originó un vacío de comunicación y maltrato a los reporteros.
Además, los periodistas trabajan en condiciones deplorables. Gregorio, como otros tantos reporteros, ejercía como freelance en Notisur, donde cobraba 20 pesos por nota, y en Liberal del Sur, que le pagaba 50 pesos por nota publicada más 700 pesos de apoyo.
El máximo salario al que un reportero en Veracruz puede aspirar es de cinco mil pesos al mes en los diarios de mayor circulación. En otros municipios apenas alcanza los tres mil pesos, sin contrato, seguridad social, prestaciones o capacitación laboral. Además, los reporteros tienen que aguantar la presión que ejerce el gobierno a los medios a través de la publicidad.
Gregorio entró en este negocio como fotógrafo de la nota roja. Aprendió por su cuenta con una cámara Minolta. En Villa de Allende, Veracruz, se consolidó como reportero de la nota policíaca, ya que siempre era el primero en llegar al lugar de los hechos y hacer las fotos, que después compartía con los reporteros.
Sus compañeros aseguraron que tenía instinto para el oficio, pero le faltaba olfato para cuidarse del peligro que acecha a esta profesión, apuntó Emiliano Ruíz Parra, uno de los investigadores de la comisión.
Gregorio: asesinado por informar
La investigación realizada por los periodistas de distintas organizaciones encontró que la muerte del reportero sí está relacionada con su trabajo periodístico.
Si bien las autoridades veracruzanas determinaron que María Teresa Hernández mandó matar a Gregorio por un problema vecinal, la declaración de la mujer indica que su enojo surgió por un mal entendido. Esto, derivado de una nota periodística en la que supuestamente el periodista describió al bar como de “mala muerte”, aunque fue el voceador de Villa de Allende quien agregó tal calificativo para vender más periódicos.
“La autoridad insiste que sus publicaciones no están relacionadas, pero incluso la amenaza de la dueña surgió después de una nota que publicó”, explicó María Idalia Gómez, otra de las autoras del documento.
Además de esta hipótesis, los periodistas formularon dos más: una es la investigación de Gregorio en torno a una casa de seguridad, y que involucraba a empresarios y funcionarios; el tercer planteamiento está relacionado con las notas que publicaba todos los días sobre delitos cometidos en Villa de Allende.
Ninguna de estas hipótesis fue considerada por las autoridades gubernamentales, quienes esclarecieron el caso en seis días, con muchas fallas y omisiones que no fueron solventadas.
Recomendaciones
El análisis del caso derivó en 17 recomendaciones, entre las que destacan:
El gobierno de Veracruz debe reconocer la situación adversa que enfrentan los reporteros
Crear una fiscalía autónoma que atienda los casos de periodistas
Brindar medidas de protección para la familia del reportero
Crear una ley que regule la publicidad gubernamental
Solicitar a las empresas periodísticas que brinden mejores condiciones laborales a sus trabajadores
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