WASHINGTON. La Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos abandonará su polémica recopilación de datos telefónicos y a partir de ahora el gobierno sólo podrá solicitar registros a las compañías de telecomunicaciones con una orden judicial cuando haya sospecha de vínculo terrorista, adelantó hoy The New York Times.

 

Según informaron fuentes oficiales al diario, esta es la principal medida que recoge la propuesta de reforma de la NSA en la que trabaja el Departamento de Justicia, tras el escándalo que provocaron las revelaciones del ex analista de la NSA, Edward Snowden, el año pasado y a unos días de que venza el plazo que dio el presidente, Barack Obama, a su equipo para presentar los cambios.

 

Si el Congreso, a quien Obama ha dado la última palabra en ese asunto, aprueba la propuesta, EU pondría fin a una práctica que comenzó bajo el mandato de George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y que reveló Snowden, refugiado en Rusia luego de destapar el año pasado el escándalo del espionaje por parte de la NSA.

 

Desde hace más de una década, esa agencia tiene permitido hacer acopio de los llamados metadatos telefónicos (que no incluyen el contenido de las conversaciones pero sí las horas y números) para investigar a sospechosos de terrorismo con la condición de destruir los registros al cabo de cinco años.

 

Las compañías de telecomunicaciones se resistieron desde el primer momento en el que se habló de reformar los programas de la NSA a aceptar conservar los datos telefónicos durante cinco años, por lo que la Administración Obama ha cedido y no les exigirá que los guarden más allá del tiempo que se les requiere ahora, dieciocho meses, según las fuentes consultadas por el Times.

 

De aprobarse la propuesta, el gobierno necesitará la orden de una corte especial de Inteligencia para solicitar a las compañías de telecomunicaciones los registros telefónicos de un sujeto, sobre el que debe pesar una sospecha razonable de tener vínculos con el terrorismo.

 

Con esa orden en la mano, el gobierno tendrá derecho a pedirle a las empresas información sobre todas las nuevas llamadas que efectúe o reciba la persona investigada desde que la solicitud entre en vigor.

 

La Administración Obama ha decidido, como parte de la propuesta, pedir al Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera que renueve el programa tal y como está configurado ahora por otros noventa días, tras los cuales, según las fuentes del diario, comenzarían a aplicarse los cambios, de tener el visto bueno del Congreso.

 

Un comité independiente de expertos recomendó ya en diciembre del año pasado a la Casa Blanca dar la custodia de esos millones de registros telefónicos a las empresas de telecomunicaciones y que sólo sean provistos a la agencia con una orden judicial concreta.

 

Hasta el momento había trascendido de fuentes oficiales consultadas por los principales medios del país que Obama estudiaba las cuatro alternativas que le han presentado el Departamento de Justicia y los responsables de Inteligencia para que la Agencia de Seguridad Nacional deje de custodiar millones de datos telefónicos y en su lugar lo hagan otras agencias o entidades.

 

Las opciones que estaban sobre la mesa de Obama eran que esos metadatos telefónicos pasaran a estar bajo el control de las operadoras de telecomunicaciones privadas, de otra agencia federal como el FBI, o de una entidad ajena al Gobierno y a las compañías telefónicas.

 

La cuarta alternativa, a falta de que cualquiera de las anteriores alcanzara el consenso total, sería poner fin a la recopilación de datos telefónicos de los estadounidenses y buscar un método alternativo para investigar a sospechosos de terrorismo y garantizar la seguridad nacional.

 

Pero la posición que dejó clara Obama cuando anunció las futuras reformas en la NSA el pasado 17 de enero fue que, a su juicio, el programa debe continuar porque es útil para la lucha antiterrorista pero tiene que ser reformado.

 

Desde que trascendiera el escándalo del espionaje el año pasado, Obama ha reiterado que la clave es buscar el equilibrio entre seguridad y privacidad. Un discurso que, de momento, no ha logrado satisfacer ni a los unos ni a los otros: ni a quienes piden mantener intactos los programas de espionaje de la NSA para evitar ataques a Estados Unidos ni a los que creen que éstos han ido demasiado lejos.