Los presidentes municipales en Michoacán y de casi todo el país están solos y contra la pared. “Para el gobierno es más fácil quitarte el cargo que darte seguridad. Si hablas, si dices algo nadie te hace caso y corres el riesgo de que te maten, y si te quedas callado luego dicen que eres cómplice de criminales”.
Es así de simple y claro, explica Guillermo Valencia Reyes, ex edil del municipio michoacano de Tepalcatepec.
Las cifras le dan la razón. Es notorio el riesgo que enfrentan candidatos a alcaldes, en funciones o retirados, porque en los últimos siete años han sido asesinados 196 de ellos, es decir, en promedio cada mes dos de ellos han muerto a consecuencia de ataques violentos.
Y en esa estadística 126 más han sido amenazados, y ninguna autoridad identifica si ahora tienen protección federal o estatal. “Es mucho el riesgo que corremos. (Los alcaldes) estamos solos”, sostiene Guillermo Valencia. “No tengo nada de protección, y por eso trata uno de no exponerse, de no salir de estar lo menos posible en la ciudad. Llevo los últimos dos años amenazado desde que estaba de presidente municipal”, acusó. El ex presidente municipal.
Cualquier tipo de queja los hace vulnerables, como a Gustavo Garibay, alcalde de Tanhuato, Michoacán, quien denunció las extorsiones y lo último que acusó fue el retiro de seguridad por parte del gobierno federal y fue asesinado a balazos días después.
En este contexto es que la diputada Magdalena Núñez Monreal, impulsó en diciembre de 2013 un punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la República (PGR) cree una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Autoridades Municipales, por el creciente número de agresiones y crímenes contra los funcionarios locales, pero ni siquiera la propuesta ha sido agendada para su discusión.