La historia de la Línea 12 del Metro está por tomar una nueva ruta.
Favorable para el Gobierno del Distrito Federal (GDF), gracias a las gestiones de su titular Miguel Ángel Mancera, y para los capitalinos.
Para el primero porque representará una victoria política ante el consorcio de empresas privadas de la ruta: Alstom, Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y Carso Infraestructura y Construcciones (CICSA).
Y para los habitantes de la capital porque se liberarán cientos o tal vez miles de millones de pesos que supondrían las reparaciones definitivas de las vías y problemas detectados por el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
De manera extraoficial, pero ese grupo ya anunció a las autoridades capitalinas su determinación de solventar los problemas, lo cual libera al erario capitalino de cubrir las reparaciones.
Salvo arrepentimiento, la información se tendrá en las próximas horas.
Pero ojo: esto no libera al GDF de las demandas interpuestas por los contratistas por obras necesarias y realizadas pero no pagadas por la administración de Marcelo Ebrard Casaubón.
Esto, amén de los peritajes de especialistas internacionales, se determinará en un largo pleito judicial porque también la ciudad tiene reclamos por obras contratadas y no realizadas.
Las cifras pueden variar, pero va un pronóstico:
Al cabo de los procesos, tal vez de varios años, el GDF deberá pagar algunos miles de millones de pesos.
Entre tres mil y cuatro mil.
EL GOBIERNO DE PEÑA SE APRESTA A INTERVENIR
Antes de destaparse el problema, antes de la suspensión parcial de la Línea 12, aquí dimos un adelanto el 4 de marzo.
En víspera de su partida, Marcelo Ebrard encabezó la inauguración y, dijimos, agradeció una aportación del gobierno de Felipe Calderón tasada por él en unos dos mil millones de pesos.
Calderón rectificó: fueron nueve mil millones.
Todavía se cierran números, pero es la cifra aproximada.
Y esos nueve mil millones de pesos -u ocho mil 500, lo mismo da- pueden hacer la diferencia del rumbo del conflicto.
¿A dónde vamos?
A algo muy sencillo: no le sorprenda si en los próximos días intervienen la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el remanente de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Es decir, al conflicto entre el gobierno de Miguel Ángel Mancera, su antecesor Marcelo Ebrard y los contratistas, están por sumarse dos poderes federales, el Legislativo y el Ejecutivo.
De esto también adelantamos el 4 de marzo, una semana antes de anunciarse la interrupción del servicio de la Línea 12.
Dijimos entonces: el pleito entre GDF y contratistas “será de antología”
Y acotamos:
“Esto sin contar la intervención del gobierno federal: invirtió nueve mil millones en la línea 12 -Ebrard sólo reconoció dos mil ante Felipe Calderón- y la administración de Enrique Peña Nieto no ha mostrado cuál será su reacción”.
Pues bien, ya viene la reacción del gobierno federal.
ENOJO CONTRA ORTEGA, PERO NO LO DESPEDIRÁN
Pero hay un dato más.
En el equipo de Miguel Ángel Mancera hay molestia con el director del Metro, Joel Ortega, por su manejo del problema.
Él enfocó sus baterías contra su ex jefe Marcelo Ebrard, quien lo destituyó en junio de 2008 cuando la matanza de jóvenes en la discoteca News Divine.
Lo mandó a su casa.
Lo rescató Mancera por un acuerdo de caballeros, pero el manejo del problema de la Línea 12 ha sido inadecuado.
Ortega lo politizó, atizó el distanciamiento de su antiguo y su nuevo jefe -Ebrard y Mancera- y de esa manera distrajo la atención del problema real: hubo fallas técnicas en la construcción de la obra estrella del primero y estaba en riesgo la seguridad de casi medio millón de personas en día hábil.
Para su fortuna la administración capitalina está enfocada en llevar a buen término las fallas heredadas y en reanudar el servicio, para luego entrar en el proceso jurídico.
Éste seguramente llevará a fincar responsabilidades -algunas de ellas penales-, pero lo inmediato está en superar la emergencia.
Esa es la suerte de Ortega.
