En el tema de las Autodefensas de Michoacán y su involucramiento en la comisión de delitos como homicidios, está más que claro que la estrategia del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y más concretamente de su comisionado federal, Alfredo Castillo, fracasó rotundamente y que las autoridades federales requieren con urgencia replantear la forma de abordar el problema y el tratamiento que hasta ahora le han dado a estos grupos armados paramilitares.

 

Mientras el gobierno les dio trato de “aliados” contra el crimen, los legitimó en su lucha por la seguridad de sus municipios y hasta les ofreció una suerte de armisticio con la legalización de su actividad armada mediante la figura de los “guardias rurales”, la respuesta de estos grupos fue seguir desafiando a las leyes y a la autoridad y acumular cada vez más poder en las comunidades que fueron tomando. Al final, afloró su naturaleza turbia, en la que se entremezclan lo mismo ciudadanos honestos levantados para defenderse que criminales o incluso narcotraficantes que las utilizaron como fachada, y en varios casos, terminaron convirtiéndose en lo mismo contra lo que pelearon: grupos que impusieron a la población su ley y hasta su terror con la fuerza de las armas.

 

Como muchos analistas y observadores nacionales y extranjeros lo advirtieron, el fenómeno de las autodefensas terminó por rebasar las buenas intenciones federales y el propio gobierno lo constató por dos vías: la primera, porque el registro de integrantes comunitarios interesados en convertirse en “guardias rurales” fue un fiasco y apenas se inscribió un porcentaje menor al 15% del total estimado extraoficialmente, y la segunda porque fueron las propias autoridades las que acusaron, consignaron y procesaron a su principal dirigente, Hipólito Mora, de un doble asesinato, y ahora aseguran que fueron autodefensas de Yurécuaro los que mandaron matar al alcalde de Tanhuato, Gustavo Garibay.

 

Ante las evidencias de que estos grupos, una vez que probaron el poder, extraviaron el camino, en la oficina del comisionado Castillo Cervantes ya reconocen que la estrategia implementada hasta ahora no dio los resultados esperados y que urge cambiarla. De hecho, según adelantan, en los próximos días será el propio Alfredo Castillo quien anuncie un viraje en el tratamiento y la acción oficial que reciben estos grupos, lo que hace pensar que el gobierno corregirá las fallas y la buena fe que marcó hasta ahora la estrategia, para endurecer más las políticas que buscan legalizar a quienes así lo decidan y a los que no presionarlos a deponer las armas.

 

La duda es si el gobierno federal aún está a tiempo de recuperar el control territorial y de autoridad que les cedió a las autodefensas y si la estrategia correctiva terminará por someter a esos grupos a la vigencia de la ley o podría ser un nuevo foco de tensión que desate otra vez la violencia armada en Michoacán.

 

NOTAS INDISCRETAS… Para hoy martes está convocada una mega marcha ciudadana por la inseguridad en Morelos en la que grupos ciudadanos pedirán la renuncia de Graco Ramírez. En la víspera, y para vacunarse de lo que se verá y se escuchará hoy en las calles, el gobernador salió a promocionar una disminución en las cifras de secuestros, extorsión y homicidios en su estado en los últimos meses.

 

Las cifras de Graco, que contrastan con las últimas que se conocieron del Sistema Nacional de Seguridad Pública que ubicaban esos mismos delitos al alza, las dio ayer a conocer el secretario de Gobierno, Jorge Meseguer, quien aseguró que el secuestro bajó 31% de septiembre del 2013 a febrero de este año, mientras que la extorsión, afirmó, disminuyó 39%, y las ejecuciones vinculadas al narco bajaron 17%.

 

Antes de que se dieran a conocer esas cifras, Graco Ramírez dijo en entrevistas que detrás de la psicosis que viven los morelenses “sí hay un problema de seguridad que vamos a resolver y que se reduce a Cuernavaca”, pero acusó también motivaciones políticas entre las voces que piden su renuncia y señaló directamente al ex gobernador Jorge Carrillo Olea, quien dijo, busca una “venganza política” en su contra y ya es un “caso clínico”.

 

Veremos qué pasa hoy con la marcha y si los ciudadanos piensan lo mismo que su gobernador… La Profepa se anotó ayer un logro al convencer a los directivos de la empresa Segunda Mano de retirar de la televisión y de internet un spot publicitario en el que aparecía un Loro Cachetes amarillos, especie protegida por la ley, como objeto de comercio entre los usuarios de ese servicio.

 

Mediante el diálogo, la Procuraduría que encabeza Guillermo Haro Belchez convenció a los representantes de la empresa de que dicha publicidad podría promover el tráfico ilegal de especies protegidas como el ave que aparece en el comercial y cuya venta o distribución con fines comerciales se prohíbe en la Ley General de Vida Silvestre.

 

En dicha publicidad, que será retirada de los medios, aparecía también el técnico de la selección nacional de futbol, Miguel Herrera, como quien adquiría la especie protegida… Los dados mandan Escalera doble para todos los lectores por su apoyo y buenos deseos.