Los primeros reportes de Alfredo Castillo desde Michoacán no dejan dudas:

 

-Hay resistencia a los cambios.

 

Cuestión de memoria:

 

El miércoles 15 de enero por la mañana fueron citados a Los Pinos el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador federal del consumidor, Alfredo Castillo.

 

El presidente Enrique Peña Nieto había decidido cirugía mayor en Michoacán y, coordinado con el gobierno de Fausto Vallejo, se procedería contra cárteles y delincuentes de todo tipo.

 

Un día después, el jueves 16, y convertido en comisionado con poderes de virrey, Castillo se trasladó a Morelia con toda su parafernalia para cumplir de inmediato la instrucción  presidencial.

 

Lo primero fue presentarse con el gobernador y su secretario general de Gobierno, José de Jesús Reyna García.

 

 

Le dieron la bienvenida y, como sucedía con otros enviados federales, le desearon suerte en su cometido.

 

-Vamos a actuar ya -les reviró Castillo cuando no vio voluntad de cooperación y rechazar su eventual papel de espectador.

 

Le pidieron observar la situación michoacana y esperar.

 

-¡No! La instrucción es actuar ya -refutó.

 

Según sus informes a la superioridad federal,  no se entendió el mensaje.

 

JESÚS REYNA NO SOLTABA PROCURADURÍA Y SSP

 

Esa misma noche comenzó el análisis de los funcionarios.

 

Sólo los participantes conocen a detalle las opiniones, las presiones y las oposiciones.

 

Alfredo Castillo pidió posiciones.

 

-¿Cuáles?

 

-La Procuraduría estatal y la Secretaría de Seguridad Pública, para empezar.

 

La resistencia ha de haber sido intensa por parte de José de Jesús Reyna García porque el comisionado se encerró a solas con el gobernador Fausto Vallejo para acordar los dos relevos.

 

Así se tomó el acuerdo: se irían el procurador Marco Vinicio Aguilera, hoy secretario adjunto de Gobierno, y el secretario Alberto Reyes Vaca.

 

-Mañana doy los nombres de los candidatos -se despidió Castillo antes de llamar a Los Pinos y al secretario Miguel Ángel Osorio Chong, quienes le ratificaron su confianza y la autonomía.

 

Así nombró Vallejo, el viernes 17 de enero, a dos incondicionales de Castillo: José Manuel Godoy en la Procuraduría y Carlos Hugo Castellanos en Seguridad Pública.

 

Tal vez Reyna García no lo supo, pero desde aquel jueves 16 de enero se le puso marcación personal y comenzó una investigación cuyo desenlace es embarazoso para él.

 

Apenas va en el arraigo, pero de acuerdo con el procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, hay pruebas suficientes de sus nexos con capos de Los Caballeros Templarios y en específico con Servando Gómez González, La Tuta.

 

OTRO SECRETARIO DE GOBIERNO EN PROBLEMAS

 

José de Jesús Reyna García tiene un consuelo: no es el único secretario de Gobierno en problemas.

 

Él ya fue cesado, pero otro secretario en funciones, el bajacaliforniano Guillermo Trejo Dozal, tiene una orden de aprehensión por delitos fiscales.

 

Él y el secretario de Desarrollo Económico Carlo Humberto Bonfante Olache.

 

Según el proceso 21/2014, debió ejecutarse desde el 31 de enero pasado por instrucciones del juez Sexto de Distrito Pedro Jara Venegas.

 

¿Por qué no se ha procedido?

 

Ni la periodista Dora Elena Cortés, quien difundió copia de la orden de aprehensión, tiene respuesta.

 

Sí informa que ambos funcionarios y otras personas realizaron operaciones activas de seguros con la empresa Servicios de Salud S.C. y/o Latino Health Care sin autorización federal.

 

Violaron la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros

 

Guillermo Trejo Dozal es secretario del Consejo de Administración de dicha empresa.

 

La opinión técnica de la PGR incluye a Gilberto Singh Hurtado y Raúl Ernesto Garnier Capillo.

 

Un escándalo para el gobierno panista de Francisco Kiko Vega por una acción penal promovida por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

 

Todo por cuatro millones 679 mil 226 pesos facturados en 13 contratos, de acuerdo con la fiscalía federal.