KIEV. “Si no encontramos la forma de arreglar la situación por la vía pacífica, actuaremos de acuerdo a la ley antiterrorista”, aseguró el jefe del gabinete del presidente de Ucrania, Serguéi Páshinski.

 

Al amenazar con la fuerza, Ucrania desoyó la advertencia que le hizo la Cancillería rusa, que en un comunicado le instó a “poner fin de inmediato a todo tipo de preparativos militares” para contener las protestas prorrusas, pues “podrían conducir al estallido de una guerra civil”.

 

Los activistas prorrusos controlan desde hace dos días la sede del Gobierno regional en Donetsk y la oficina del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, antiguo KGB) en Lugansk.

 

En este último edificio, los ocupantes “han plantado minas y mantienen a unos 60 ciudadanos como rehenes, a los que no dejan salir para regresar a sus casas”, denunció el SBU en un comunicado.

 

Las fuerzas de seguridad de Ucrania se preparan para lanzar una operación especial y desalojar por la fuerza a los separatistas, que no ocultan su deseo de que las dos regiones se incorporen a Rusia como ya hizo la península de Crimea.

 

El presidente interino del país, Alexandr Turchínov, ya había advertido de que se adoptarían medidas antiterroristas contra los manifestantes que han tomado las armas.

 

Páshinski advirtió a los separatistas de que los edificios que ocupan están rodeados por las fuerzas de seguridad y que se han “tomado medidas para trasladar a fuerzas especiales al este de Ucrania”.

 

“No hemos sacado las armas y, de acuerdo a nuestro deseo de evitar el derramamiento de sangre, hemos propuesto a los terroristas que entreguen las armas y se rindan”, agregó.

 

En el mismo sentido se pronunció el jefe del Ministerio de Interior para la región de Lugansk, Vladímir Guslavski, quien pidió a los prorrusos “entender que un solo disparo puede llevar a consecuencias irreparables”.

 

Ajenos a las advertencias de las autoridades, los manifestantes levantaron barricadas tanto frente a la sede del Gobierno regional en Donetsk como en los accesos a la oficina del SBU en Lugansk.

 

En Donetsk, los activistas -que proclamaron ayer la independencia de esta región y convocaron un referéndum para su adhesión a Rusia-, se protegen con dos barricadas construidas con neumáticos, madera y cubos de basura, según medios locales.

 

Además, rociaron los neumáticos con un líquido inflamable, listo para ser prendido si se produce el asalto de las fuerzas del orden.

 

En clara analogía con las protestas en Kiev que llevaron a la destitución del presidente Víktor Yanukóvich, el 22 de febrero pasado, los activistas prorrusos que no acatan a las nuevas autoridades ucranianas en Donetsk han organizado el reparto de comida y amontonado adoquines para defenderse de la Policía.

 

En la región vecina, los concentrados frente a la sede del SBU manifestaron la intención de seguir el ejemplo de sus compañeros de Donetsk: proclamar la República de Lugansk y crear su propio Parlamento.

 

Los ocupantes de las sedes gubernamentales en Donetsk y Lugansk, los dos bastiones de Ucrania que más población de rusos étnicos tienen, se enfrentarán a castigos más severos después de que el Parlamento de Ucrania endureciera hoy el Código Penal.

 

Se castigarán con quince años de cárcel y hasta con prisión perpetua las acciones separatistas que conduzcan a la muerte de personas o tengan otras consecuencias graves.

 

Mientras, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró que su país está abierto a dialogar con Ucrania, la Unión Europea y EU sobre la crisis ucraniana, pero siempre que se cumplan algunas condiciones: Rusia insiste en que Ucrania apruebe una nueva Constitución que convierta el país en una federación.