Ramiro Hernández Llanas se convirtió en el cuarto mexicano ejecutado en franca violación al fallo de la Corte Internacional de Justicia dictado en el Caso Avena el 31 de marzo de 2004, manifestó el gobierno de México tras consumarse este miércoles la sentencia del mexicano.
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“El gobierno de México expresa su más enérgica protesta por el incumplimiento de dicho fallo por parte de Estados Unidos, conforme al cual ese país se encontraba obligado a revisar y reconsiderar el veredicto de culpabilidad y la sentencia capital impuesta al señor Hernández Llanas; obligación que subsiste respecto de los otros 50 connacionales incluidos en dicha decisión”, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Hernández Llanas, el mexicano de 44 años, fue condenado a la pena capital por matar a un profesor de historia y atacar sexualmente a su esposa tras escapar de prisión en México, donde purgaba una condena por homicidio.
Con su ejecución, alrededor de las 18:28 horas, Hernández se convirtió en el cuarto mexicano del Caso Avena al que se le aplicó la pena capital desde 2004. En 2008 fue ejecutado José Medellín, en 2011 Humberto Leal y Édgar Tamayo, apenas en enero pasado.
En un comunicado emitido minutos después de la ejecución de Hernández Llanas en la cámara de muerte de la Unidad Carcelaria Walls, en Huntsville, Texas, la dependencia indicó que la medida se consumó luego de que las cortes estatales desecharon el argumento respecto a su “discapacidad mental comprobada” y de que la Suprema Corte de Estados Unidos se negó a revisar el caso.
Los gobiernos estatales del vecino país se niegan a respetar el fallo del Caso Avena al considerar que no están obligados a cumplir los acuerdos firmados por la Casa Blanca, como el relativo a la asistencia consular.
La SRR recordó las acciones legales emprendidas por el gobierno de México como la solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de emitir medidas cautelares ordenando a EU suspender la ejecución, mismas que por la gravedad, urgencia y carácter irreparable del caso, fueron otorgadas por la CIDH el 31 de marzo pasado.
“El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade y diversos legisladores federales solicitaron por escrito al gobernador de Texas, Rick Perry, y a la Junta de Perdones y Libertad Condicional del estado, la suspensión de la ejecución, mientras que el Senado de la República emitió un punto de acuerdo en el que reitera un exhorto respetuoso al Congreso de Estados Unidos para que apruebe, cuanto antes, el lenguaje legislativo que permita dar cumplimiento al fallo de la Corte Internacional de Justicia.
Indicó que a través de su embajada en Estados Unidos, el gobierno de México realizó gestiones ante varios países, logrando que se sumaran a este llamamiento Argentina, Australia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Suiza, así como la Unión Europea.
El gobierno de México instó de nuevo al vecino país a adoptar acciones efectivas que impidan que el estado de Texas, o cualquier otro, lleve a cabo la ejecución de cualquier nacional mexicano en desacato del fallo Avena y en incumplimiento de sus obligaciones internacionales.
La SRE expresa su más sentido pésame a los familiares del señor Hernández Llanas, a quienes continuará brindándoles la debida asistencia consular y acompañándolos en el proceso.
AI CUESTIONA LEGALIDAD
Tras la ejecución otros organismos condenaron el acto. Amnistía Internacional (AI) lo calificó “como un cruel asesinato que se llevó a cabo en un claro incumplimiento del derecho internacional”.
Afirmó Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI en México consideró que lo ocurrido en Texas “no fue más que un asesinato, un asesinato fundado en prejuicios raciales. En la mayoría del mundo lo que sucedió hoy sería un crimen, pero las autoridades de Texas han tenido el descaro de llamarle justicia”.
En las últimas horas previas a la ejecución de la sentencia, la organización solicitó a Richard Perry, gobernador de Texas, una moratoria a la sentencia para dar tiempo a que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronunciara sobre la legalidad de las ejecuciones en casos de personas con discapacidad mental, como era el caso de Ramiro.
La organización había también denunciado que su sentencia se basaba en gran medida en los testimonios de “expertos” de cuestionable credibilidad. Incluyendo el testimonio de un desacreditado especialista en salud mental que fue expulsado de la Asociación Americana de Psiquiatría. Así mismo, durante su proceso legal testigos “expertos” citaron argumentos claramente racistas.
“La pena de muerte es en sí misma contraria a la justicia y una violación a los derechos humanos; cuando ésta es el resultado de un proceso injusto y discriminatorio se convierte en un atroz crimen cometido por las mismas autoridades que tienen como obligación proteger la vida.” Concluyó Perseo.
Amnistía Internacional reiteró su llamado al Congreso estadounidense para que discuta y apruebe sin dilación una iniciativa de ley que obligue a todos los estados de ese país a obedecer la sentencia de la CIJ y a revisar los casos de todos los ciudadanos mexicanos condenados a muerte en ese país sin haber recibido asistencia consular, tal y como establece el derecho internacional y la sentencia de la CIJ.
DATOS
4 mexicanos del Caso Avena han sido ejecutados desde 2004
9 de las 10 ejecuciones de mexicanos han ocurrido en Texas
60 connacionales más están condenados a muerte en EU