Un tribunal federal ordenó a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que exija por todos los medios necesarios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los datos de los movimientos del Fideicomiso F/589, perteneciente a Mexicana de Aviación, y que presuntamente fue saqueado por el empresario Gastón Azcárraga, actualmente prófugo.
La información de los movimientos de dicho fideicomiso radicado en una cuenta de IXE Banco es clave para conocer a qué empresas de Azcárraga, e incluso a qué otros cómplices, fueron desviados casi 190 millones de pesos que pertenecían a la aerolínea. El caso podría derivar en una nueva orden de aprehensión contra el empresario.
Desde hace más de dos años la PGJDF inició la averiguación previa por el posible fraude y robo perpetrado por Azcárraga pero el avance es casi nulo.
Hasta la fecha la CNBV no ha entregado los datos del fideicomiso ya que la Procuraduría no aplicó las sanciones que la ley le otorga a quien se niegue a proporcionar los datos, e incluso se inconformó por un amparo de noviembre de 2013 en la que un juez le exigía que lo hiciera.
Pero la semana pasada el Magistrado Federal Humberto Román Franco confirmó de forma definitiva el amparo en el que se urge a la PGJDF a utilizar los “medios de apremio” (amonestaciones, multas o arrestos), como debió hacerlo desde el principio, para que la CNBV entregue la información detallada de la cuenta bancaria del fideicomiso.
“Es increíble cómo la PGJDF por años no exigió como debía los datos del fideicomiso, pese a que constitucionalmente está avalada para hacerlo, e incluso se inconformó cuando un juez de amparo le ordenó hacerlo. Pero ahora no tiene otro camino que proceder”, dijo una fuente con pleno conocimiento del caso.
En marzo pasado, derivado de una averiguación distinta a nivel federal, la Procuraduría General de la República (PGR) reveló que en efecto, Azcárraga trianguló entre sus empresas para blanquear dinero proveniente del Fideicomiso F/589. Por ello se giró una orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero.
La documentación de dichos desvíos en la averiguación que la PGJDF tiene abierta desde enero del 2012, derivarían por lo menos en otra consignación y posible orden de aprehensión contra Azcárraga, y contra los que hayan intervenido en el saqueo del fideicomiso, por delitos de fraude, robo y lo que resulte.
¿Negligencia?
En enero del 2012, la Fiscalía de Asuntos Especiales de la PGJDF inició la averiguación FAE/A/T2/00044/12-01 tras la denuncia interpuesta por los sindicatos de Mexicana respecto a la utilización ilegal del fideicomiso por parte de Grupo Posadas, empresa de Azcárraga.
Desde ese día hasta la fecha no hay ningún avance en la indagatoria.
En la sentencia del amparo promovido por los sindicatos en el Juzgado Noveno de Distrito, dictada el 13 de noviembre pasado, y de la que 24 HORAS tiene copia, se confirmó que la PGJDF si bien pidió a la CNBV la información del fideicomiso, no insistió como procedía cuando dicha comisión negó los datos, argumentando artículos de la Ley de Instituciones de Crédito, norma que por ningún motivo esta pro encima de la obligación constitucional de indagar un delito.
“Ni el subprocurador de averiguaciones previas centrales ni el fiscal (de Asuntos Especiales) actuaron conforme a los artículos 21 y 102 constitucionales ya que no han utilizado los medios legales disponibles para recabar información. (…) Lo cual revela que la integración de dicha averiguación no ha sido pronta ni expedita”, señala la sentencia de amparo.
El juez ordenó al fiscal y subprocurador para que exigieran a la CNBV esta información incluyendo las medidas de apremio necesarias pues no se justifica la negativa.
Pero la PGJDF no solo no cumplió con ello sino que se inconformó con la sentencia de amparo, como quedó demostrado en un oficio fechado el 26 de febrero pasado, del que este diario tiene copia.
Tuvieron que pasar casi 5 meses más para que un tribunal colegiado ratificara el amparo y la obligación de la PGJDF de investigar.
Millones perdidos
El Fideicomiso F/589 fue creado en junio del 2006 como un fondo de apoyo para los trabajadores. Los 198 millones de pesos para su constitución provinieron de Compañía Mexicana de Aviación. Sin embargo el dinero nunca llegó a ningún trabajador.
La revisión de estados de cuenta evidenció para el 2008 que el fideicomiso estaba prácticamente vacío. Los sindicatos sospecharon que con ese dinero se recompraron acciones de mexicana a una empresa de Gastón Azcárraga denominada Administradora Profesional de Hoteles. Esto violaba los contratos de compra-venta de las acciones por lo que se presentó la denuncia en al PGJDF.
En marzo pasado, en el contexto de una indagatoria distinta por lavado de dinero, la PGR evidenció que parte del dinero del fideicomiso fue triangulado entre las empresas de Azcárraga, sin que regresara a Mexicana.