Apenas el viernes pasado los observadores políticos objetivos, imparciales, enhiestos y erectos dejaban entrever en esta columna que el gobierno federal no tenía estrategia para combatir a la delincuencia organizada en algunos estados del país -Michoacán por ejemplo-, cuando el procurador General de la República anunciaba una “estrategia mayor” para devolver la paz y la tranquilidad a Tamaulipas”, lo que, a juicio de aquellos, es el reconocimiento implícito y explícito de que en el resto del país lo único que existe son estrategias menores… o de plano no existen.

 

Lo más grave del asunto es que el gobierno federal no está accionando, sino reaccionando cuando las embestidas de los criminales se ponen color de hormiga en algún estado de la República. De esa manera, ni los observadores más bisoños entre los bisoños pueden tener alguna esperanza de que el problema de la inseguridad esté en camino de resolverse, advierten.

 

Si consideramos el mes de diciembre de 2006 -año inicial del sexenio calderonista- como el principio de la batalla contra el narco y otras formas de la delincuencia masiva, entonces entramos ya en el octavo año de ese combate, y el resultado hasta ahora ha sido fallido.

 

A Felipe Calderón le falló todo, y aunque Enrique Peña Nieto ha dado golpes mediáticamente espectaculares -captura de El Chapo y muerte de El Chayo y El Kike, por ejemplo-, la verdad es que todavía no ha logrado devolver la paz y la seguridad en Michoacán, que ha servido como laboratorio de pruebas de las múltiples acciones gubernamentales.

 

Por otra parte -volviendo a la declaración del señor procurador Jesús Murillo Karam-, si el gobierno federal optará en Tamaulipas por la aplicación de una “estrategia mayor”, quedó muy claro que la designación de otro “comisionado”,

 

como Alfredo Castillo en Michoacán, serviría para lo mismo que ha servido en ese estado: Para nada.

 

Será muy interesante conocer las características de la “estrategia mayor” que se pondrá en marcha en Tamaulipas. Sin embargo, los observadores malosos pero místicos, sugieren respetuosamente que aplique una auténtica estrategia contra la delincuencia, a partir de la milagrosa mediación del infalible San Judas Tadeo, patrono de las causas perdidas. Si eso tampoco funciona, entonces habría que dejar la seguridad de Michoacán en manos del doctor Mireles y autodefensas que lo acompañan. ¿Y en manos de quien dejarían la del Estado de México, Tamaulipas, Guerrero y estados que se sumen las próximas semanas?, preguntan sus habitantes.

 

(Dicho sea de paso y entre paréntesis: ¿dónde quedaron las recomendaciones -si es que hubo alguna-, de aquel general colombiano que “trabajó” al principio de este sexenio como asesor del gobierno federal en materia de seguridad y combate a la delincuencia?, preguntan los observadores.)

 

AGENDA PREVIA

 

En Pemex, los contralores generales en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón fueron Gregorio Guerrero Pozas, Benigno Estrada Rodríguez, José Fortunato Álvarez Enríquez, Gustavo Ernesto Ramírez Rodríguez, César Alejandro Chávez Flores, Antonio Domínguez Sagóls, todos de afiliación panista y obviamente protegidos por los altos funcionarios de los gobiernos azules. Eso podría explicar por qué ninguno de ellos denunció las pillerías de la empresa Oceanografía y “chanchullos” que se cometieron en diversas áreas de la paraestatal (como Pemex Refinación, Pemex Exploración y Producción; Pemex Internacional, Servicios Médicos etc, etc.) a pesar de que tuvieron en sus manos las denuncias. Peor aún, la mayor parte de estos personajes siguen incrustados en el sector público y uno que otro en la misma paraestatal, y se sospecha, nada más se sospecha, que no les “cortaron las uñas”.

 

¿Habrá algún acuerdo PRI-PAN para no tocar a los ex directores de Pemex de las administraciones panistas (Muñoz Leos, Ramírez Corzo, Suárez Coppel…), a César Nava y a los susodichos contralores? Es pregunta.