En caso de comprobarse el uso de recursos públicos en el PRI-DF para financiar una supuesta red de trata y prostitución, podría perder su registro y no contender en las próximas elecciones locales de 2015.
Diana Talavera, presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), informó que como parte de las sanciones al PRI-DF, en caso de comprobarse el uso ilegal de prerrogativas, también podría hacerse acreedor a una multa de hasta 50 mil días de salario mínimo.
“Nosotros, lo que revisamos es el uso de los recursos que proporcionamos como parte de las prerrogativas y el uso de los recursos públicos, y hay diferentes sanciones y multas que están establecidas en el código electoral, dependiendo de la gravedad de la falta, eso dependerá de lo que establezca la Comisión de Fiscalización en su resolución sobre la sanción o multa que se aplicará”, afirmó.
“También se podría imponer una multa de hasta 50 mil días de salario mínimo, la pérdida del registro local o la suspensión temporal para el siguiente proceso electoral del próximo año”, aseveró.
En entrevista, la titular del órgano electoral local informó que los resultados de la fiscalización a los recursos del Revolucionario Institucional en el DF podrían presentarse en dos o tres meses, debido a que actualmente está el proceso ordinario de fiscalización de los gastos ordinarios de todos los institutos políticos.
La funcionaria agregó que la Comisión de Fiscalización del IEDF también analiza la queja presentada por el PRD sobre el posible uso de recursos públicos del PRI y, en su caso, aprobar si dicho recurso legal tiene procedencia.
En riesgo comicios locales
En otro tema, la consejera presidente del IEDF, Diana Talavera, advirtió que de no aprobarse antes del 30 de abril las leyes secundarias de la reforma político-electoral, se tendrían que organizar las elecciones con las antiguas leyes y no con las nuevas reformas.
Además, alertó que también se corre el riesgo de que las elecciones locales no se realicen a tiempo, debido a que afectará el proceso de homologación de las leyes federales con las leyes locales.
“Lo que nos preocupa es que a estas fechas, sabiendo que el proceso electoral puede iniciar en el mes de octubre, no tengamos claridad sobre las leyes que van a regir”; expresó.
Afirmó que la organización del proceso sigue estando en manos de los órganos locales, así como la organización, la preparación y la jornada, pero apuntó que el Instituto Nacional Electoral tendrá algunas atribuciones en las competencias de los órganos locales.
“Lo que nos preocupa es que a estas, sabiendo que el proceso puede iniciar en el mes de octubre, no tengamos claridad sobre las leyes que van a regir”, manifestó.
Dijo que si las leyes secundarias no estuvieran aprobadas al 30 de abril, entonces la organización del proceso electoral se haría con las leyes vigentes, entre ellas el recién desaparecido Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
Talavera Flores enfatizó que el plazo de armonización entre las leyes federales y las locales tiene un periodo de tres meses, antes de que se puedan hacer válidas las reformas electorales en todos los estados.
“La preocupación es que estas reformas o estas leyes secundarias, que dé tiempo a que se aprueben las leyes secundarias y dé tiempo para hacer la armonización entre las leyes secundarias, la reforma y las leyes locales y el código electoral local”, dijo.
Los cambios que vienen
Afirmó que con la integración del INE cambian un poco las facultades y atribuciones de los órganos locales, pero eso dependería de las leyes secundarias para saber las atribuciones concurrentes que se tienen entre ambas instituciones quedan plasmadas en estas leyes, una de ellas el caso de la fiscalización, así como el diseño de los materiales electorales, diseño de encuestas y sondeos de opinión, así como los Programas Electorales Preliminares.
Afirmó que en el caso del Distrito Federal, también está pendiente la regulación de las candidaturas independientes para el próximo proceso electoral, así como el cambio de fecha de la jornada electoral, lo anterior debido a que la reforma establece que la jornada electoral se realice el primer domingo de junio, mientras que las normas anteriores estipulaban el primer domingo de julio.