El gobierno del Distrito Federal argumentará una falta de sustento jurídico por parte de la federación para no pagar los 489 millones de pesos reclamados por la Secretaría de la Función Pública, por tratarse de recursos no comprobados para la construcción de la Línea 12.
“Una de las posibilidades que tenemos es el considerar que este requerimiento de cobro que nos hace la Secretaría de la Función Pública carece de un sustento jurídico para realizarlo”, aseguró el consejero jurídico del gobierno capitalino, José Ramón Amieva.
Entrevistado al término de la presentación de la Consultas de Tendencias Juveniles, el funcionario capitalino detalló que esta falta de sustento jurídico se debe a que todo acto administrativo debe estar debidamente fundamentado y argumentado, y por tratarse del gobierno federal debe hacer una facultad expresa que determine emitir un acto de dicha magnitud.
“En este caso hay un oficio enviado a la administración pública del Distrito Federal en donde se pide se gestione la devolución de ciertos recursos federales, nosotros estamos haciendo el análisis de la legalidad y validez de ese oficio que se ha dirigido, y veremos o no si se tiene sustento jurídico”, puntualizó.
Amieva detalló que están analizando que dicho oficio este legalmente fundado y motivado, así como la Secretaría de la Función Pública haya contado con atribuciones y facultades para emitirlo y solicitando la devolución de los recursos, así como los plazos que dan las normas, pero aclaró que aún están en tiempo para interponer cualquier recurso.
El funcionario capitalino destacó que otra alternativa legal para resolver el conflicto entre autoridades federales y locales es acudir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que dicha dependencia haga la reinterpretación sobre los recursos reclamados que salieron del Fondo Metropolitano, lo anterior a petición o sugerencia de la Comisión Investigadora de la Línea Dorada en la ALDF.
Comentó que sería una opción muy válida, pero que dicha solución estaría a cargo de la Secretaría de Finanzas para ver dicho recurso y añadió que sólo a la Secretaría de Hacienda es a la que se acredita el correcto uso del gasto público, y éste ejercicio es de manera anual.
Agregó que esta segunda opción podría también ser otra solución al conflicto y añadió que esta semana podrían dar a conocer el recurso jurídico que van a utilizar.