Al presentar su tercer informe de gobierno, el jefe del Ejecutivo de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, promulgó la reforma integral a la Constitución Política de la entidad, en la que se incorporaron las reformas federales en materia político electoral, situándose a la vanguardia; el referéndum y plebiscito; la iniciativa popular y la revocación de mandato.

 

Al detallar su tercer informe ante el escrutinio público,  enfatizó que se hizo una evaluación rigurosa de las políticas públicas para eliminar aquéllas que no cumplen con su función social, y alentar  aquéllas que mejoren la calidad de vida de la gente.

 

La reforma constitucional fue enriquecida y aprobada por los diputados locales, y posteriormente, por los alcaldes, a quienes expresó su reconocimiento.

 

“Garantiza el derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, y se promueve el respeto a los derechos a los indígenas y afromexicanos”, resalto.

 

El nuevo documento establece las candidaturas independientes y la paridad de género; se instaura el diputado migrante y la fiscalización de los partidos políticos,  y se reconoce a la Universidad Autónoma de Guerrero, como la máxima casa de estudios.

 

Por su parte en materia de seguridad anunció que se acordó con el ayuntamiento de Acapulco, evaluar a la totalidad de los elementos a través de la PGR, el Cisen y la Policía Federal, para lo cual se propuso nuevos esquemas para la policía municipal de Chilpancingo y el puerto.

 

Hizo un llamado respetuoso a los alcaldes a someter a sus elementos al esquema de evaluación y a sumarse al mando único para aspirar a tener una nueva policía más capacitada.

 

Con relación a los grupos de autodefensa, dijo que con todos se instalaron mesas de trabajo, pero algunos rompieron el diálogo y se rebelaron a las autoridades, por lo que se tomaron medidas legales; sin embargo, no ha sido obstáculo para mantener diálogos con la CRAC y los grupos comunitarios  de la sierra, quienes se sumaron al cuerpo de policía rural.

 

Convocó a la UPOEG a respetar la ley, y apegarse a los protocolos en materia de seguridad pública y derechos humanos; “hacemos votos para que regularicen su estatus jurídico”, dijo.

 

Anunció que se analiza otorgar una amnistía para los miembros de los grupos comunitarios que permanecen en prisión acusados de diversos delitos, a petición del Movimiento Popular Guerrerense, pero siempre en el marco de la ley.