El fondo nacional de apoyo a víctimas, que tan sólo este año cuenta con más de 500 millones de pesos, se repartirá únicamente a personas que hayan sufrido delitos federales o cometidos por autoridades federales, y en caso de que hayan muerto o queden discapacitados, a sus familiares.

 

Las víctimas de delitos del fuero común como robos, violaciones, homicidios o secuestros que no estén relacionados con el crimen organizado, no podrán acceder a estos recursos.

 

Así lo establece el Reglamento de la Ley general de Víctimas que en los próximos días será publicado en el Diario oficial de la Federación, con por lo menos seis meses de retraso, y cuyo borrador final pudo revisar 24 HORAS.

 

Lo que sí contempla el fondo, es un subsidio para aquellas personas que hayan sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos por autoridades o instancias federales.

 

El reglamento establece en el Artículo 72 que será a través de un fideicomiso púbico como se administrarán y repartirán los recursos del denominado Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, todo bajo la supervisión y aprobación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

 

“El fin del Fondo será fungir como mecanismo financiero para el pago subsidiario de las ayudas, la asistencia y la reparación integral de las víctimas delitos del orden federal y las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales”, señala el reglamento.

 

En los artículos transitorios se establece que, en cuanto se publique el reglamento, habrá un plazo máximo de 90 días para que se conforme el fideicomiso que administrará el fondo.

 

Para la asignación de recursos del fondo, el Artículo 76 establece que se tomarán en cuenta la necesidad de la víctima; la gravedad del daño que haya sufrido; el perfil psicológico; la posibilidad que tiene por sí misma de acceder a medidas de atención o protección de organizaciones sociales; entre otros.

 

Habrá un “fondo de emergencia”, a través de una subcuenta del fideicomiso, para dotar de recursos urgentes a víctimas que así lo requieran de acuerdo con el Título Tercero de la Ley General de Víctimas, y que se trata generalmente de situaciones de atención médica o quirúrgica, psicológica, o similar.

 

La transferencia de dinero se hará de forma electrónica a cuentas bancarias habilitadas para ello, con excepción de las regiones donde este mecanismo no sea factible. El reglamento subraya que todos los recursos del fideicomiso serán auditables.

 

¿Quiénes son las víctimas?

 

A los distintos apoyos del Fondo tendrán derecho las víctimas directas de delitos graves del orden federal o en su caso “los familiares” de la persona que haya fallecido o sufrido una incapacidad permanente, y que son víctimas indirectas.

 

El Artículo 4 del reglamento define que los familiares que pueden ser beneficiados con el fondo y los demás apoyos son quienes tengan parentesco por consanguinidad o afinidad en línea recta ascendente o descendente, sin limitación de grado.

 

Los otros beneficiados serán el conyugue, la concubina o concubinario, o en su caso “quienes estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas afines existentes, en términos de la legislación aplicable.

 

Registro y asesoría

 

El reglamento también define el funcionamiento de otras dos esferas que junto con el fondo son el pilar de asistencia a víctimas: el registro y la asesoría.

 

El Registro Nacional de Víctimas, de acuerdo con el Artículo 41, es la unidad administrativa encargada de integrar el “padrón de víctimas” que incluirá a personas afectadas por todo tipo de ilícitos, ya sean federales o estatales, así como violaciones a derechos humanos, de acuerdo a lo que establece la ley aprobada.

 

El reglamento establece que se incluirá también información sobre cuerpos extraídos de fosas comunes y exhumaciones. También existirá un padrón de representantes de las víctimas.

 

La Asesoría Jurídica Federal es el apoyo por medio de abogados que dará el Sistema nacional de Víctimas a personas Que requieran asesoría legal y no la reciban por ningún otro medio. La asesoría será permanente, personal, gratuita y especializada hasta que termine el caso en cuestión.

 

Tamaulipas y Michoacán, indolentes: CEAV

 

Cinco estados del país, entre ellos tres que presentan altos índices delictivos como Michoacán, Tamaulipas y Guerrero, han sido “omisos e indolentes” para adaptar sus leyes locales con la nueva Ley General de Víctimas.

 

Así lo denunció literalmente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), organismo que indicó que las mencionadas entidades junto con Hidalgo y Baja California Sur, no tienen avance alguno en adaptar sus leyes locales y conformar sus comisiones estatales de atención a víctimas

 

Esto es un problema, pues si no se modifican las leyes no hay comisiones estatales parra víctima y, en consecuencia, tampoco fondos de apoyo ni asesorías jurídicas. Michoacán y Tamaulipas son estados líderes en plagios y Guerrero en homicidios a nivel nacional.

 

La CEAV señaló que otros 16 estados, incluyendo al DF, tienen avances “irregulares”, pues sólo han cumplido con la transición, mientras que otros 11 sí evidencian avances sólidos. El plazo legal para adaptarse al nuevo sistema vence el próximo 5 de mayo.

 

Por otro lado la CEAV oficializó esta semana la renuncia de la comisionada presidenta Olga Noriega, quien duró menos de seis meses en el cargo. En su lugar fue nombrado el comisionado Jaime Rochín del Rincón.