Con la detención del ex gobernador panista de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, quien ya se encuentra preso en un penal estatal acusado de peculado, queda claro que en este sexenio la impunidad para los ex gobernadores, antes intocables, es cosa del pasado.
Junto con Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco y perteneciente al PRI, el caso de Reynoso confirma que los excesos y dispendios en que incurrieron varios gobernantes locales en el ejercicio del poder y el presupuesto en sus estados ya no es necesariamente encubierto por sus sucesores que, en ambos casos, han sido quienes iniciaron las querellas penales contra los ex gobernantes que hoy se encuentran en la cárcel por malversar el erario local.
En ambos casos el origen partidista de los acusados y el de sus sucesores que los acusan es diferente y eso podría explicar que se haya roto la histórica protección de que gozan los ex gobernadores cuando quien los sucede es de su mismo partido. En Tabasco fue el perredista Arturo Núñez quien armó las acusaciones contra Granier, del PRI, basado en las evidencias de desvíos y mal uso de fondos federales y enriquecimiento del ex mandatario y su familia.
En Aguascalientes el caso resulta más interesante. Quien acusa a Reynoso Femat es el actual gobernador del PRI, Carlos González Lozano, que además de ser amigo del ex mandatario recibió del panista “favores políticos” durante su campaña, al grado de que a Reynoso lo llegaron a desconocer en el PAN y lo acusaron de “traidor” por apoyar el triunfo del actual gobernador priista. Incluso se habló en su momento de que el CEN del PRI y hasta la campaña de Enrique Peña Nieto habían ofrecido a Luis Armando Reynoso afiliarse a su partido como una forma de pagar el apoyo a los candidatos tricolores.
Por eso suena interesante cuando el ahora preso Reynoso Femat se queja de que su detención y encarcelamiento, por el desvío de 26 millones de pesos que se utilizaron en la compra de un predio con presupuesto del estado, es en realidad una “revancha política”. ¿Quién se estará vengando de Reynoso? ¿Sus amigos priistas del gobierno estatal y federal? ¿O son los panistas los que le están cobrando los agravios?
Con todo, estos dos casos son la confirmación de que las cosas han cambiado para los ex gobernadores a los que durante muchas décadas se les consideró figuras políticas que gozaban de impunidad y hasta de inmunidad. Salvo los casos de ex mandatarios que fueron acusados, en su momento, de vínculos con el narcotráfico, como Mario Villanueva de Quintana Roo -extraditado a Estados Unidos- o más recientemente las acusaciones de la DEA contra Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, no era común en México
que se acusara y se juzgara a un ex gobernante de un estado y menos por corrupción, aun cuando hubo casos evidentes y escandalosos. Esa era una de las reglas no escritas más cuidadas del viejo sistema priista, que se mantuvo incluso en los efímeros sexenios del PAN.
Y ahora que esa regla claramente se ha roto y que ya se observa tras las rejas lo mismo a un ex gobernador del PRI que a uno del PAN, la pregunta parece inevitable: ¿y cuándo caerá el primer ex gobernador del PRD? Sobre todo ahora que en Michoacán el gobierno federal ha comenzado a sacudir las estructuras políticas locales que permitieron y cobijaron el crecimiento del narcotráfico y de cárteles como la Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Ya cayeron varios alcaldes, funcionarios estatales y hasta diputados michoacanos. ¿Caerá también algún ex gobernador de Michoacán? ¿Les suenan los apellidos Godoy o Cárdenas?
NOTAS INDISCRETAS… De la violencia de hace un mes en Tampico a los enfrentamientos armados de los últimos días en Reynosa y Río Bravo, prácticamente toda la geografía de Tamaulipas sigue afectada por la violencia. Y aunque el llamado Grupo de Coordinación Tamaulipas está funcionando y el apoyo federal se ve en los patrullajes de efectivos de la Marina y el Ejército en el estado, no faltan voces que se siguen preguntando cuando el presidente Peña Nieto se decidirá a lanzar un rescate con un operativo mayor para la entidad tamaulipeca, tal como lo hizo en Michoacán y en su natal Estado de México. ¿O será que a Tamaulipas se le ve muy lejano desde Los Pinos?… La violencia entre grupos de distinto signo político se asoma de nuevo en Chiapas. El enfrentamiento entre miembros del EZLN y la priista CIOAC, que dejó un muerto del lado zapatista, recuerda que el germen de la violencia y la polarización que desembocó hace 17 años en la masacre de Acteal sigue latente y viva en el territorio chiapaneco. Y si no se le dimensiona y se detienen a tiempo, ya se sabe de qué tamaño pueden ser las consecuencias. Y si no, que le pregunten al secretario de Educación, Emilio Chuayffet… Los dados arrancan semana. Doble Escalera.
