El Gobierno del Distrito Federal (GDF) no devolverá en el futuro inmediato los 489 millones de pesos reclamados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por concepto de recursos federales no comprobados en la construcción de la Línea 12 del Metro, luego de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa otorgara al GDF una suspensión provisional.
El consejero Jurídico del GDF, José Ramón Amieva, informó que con esta resolución inicia el juicio de nulidad que interpuso el gobierno local y reiteró que es la Procuraduría Fiscal la que lleva el seguimiento del caso.
Explicó que con este recurso legal comenzará el juicio contencioso administrativo, en donde el Tribunal Federal de Justicia Fiscal será el único que determine si se debe pagar o no los recursos reclamados por la Federación.
“Hemos sido informados sobre la admisión del juicio contencioso administrativo, se asignó una magistrada para el estudio del mismo, y la magistrada determinó conceder la suspensión para que las cosas (el recurso solicitado) se mantengan en el estado que actualmente guardan”, dijo.
Comentó que, con la admisión de este recurso legal, no sería procedente ningún tipo de cobro o devolución al gobierno federal, por el momento, y agregó que la administración capitalina estará atenta a la continuación del caso, así como de la réplica que emita la Secretaría de la Función Pública.
El funcionario capitalino precisó que a partir de la notificación de la suspensión la dependencia federal cuenta con un periodo de 15 días para atender la admisión de la queja y responder al Tribunal Federal de Justicia Fiscal.
Sobre el supuesto amparo interpuesto por el consorcio constructor para impedir el cobro de las fianzas de la Línea 12, el titular de la Consejería Jurídica detalló que ya está en proceso el finiquito del contrato con las empresas y señaló que, hasta ahora, el GDF no ha sido notificado por el consorcio constructor sobre algún tipo de reclamación formal.
“Estamos a la espera de que se dé el cierre administrativo contable y financiero y de obra correspondiente”, aseguró.
Trenes y vías sí son compatibles: CAF
Especialistas de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) aseguraron que los daños en la Línea 12 no se deben a la incompatibilidad de los trenes con las vías.
En la mesa que forma parte de las investigaciones por la suspensión del servicio, los especialistas sostuvieron que las llantas de los trenes “son perfectamente compatibles con las vías de la Línea 12”.
También señalaron que el desgaste ondulatorio se agravó con la reducción de la velocidad en los trenes, lo cual contraviene a las versiones que se han arrojado en el proceso.
Por otra parte, el consorcio constructor de la Línea 12 argumentó que no es responsable de las fallas en la ruta del Metro, y por tanto no tiene la obligación de cubrir reparaciones no estipuladas en su contrato, aunque existe la voluntad de rehabilitar la línea; además, señaló que el gobierno capitalino no puede cobrar las fianzas cuando aún no se ha demostrado la culpabilidad de las empresas involucradas en la construcción.
Durante la segunda parte del debate técnico entre los peritos y los involucrados en las fallas de la Línea Dorada, el representante legal de las empresas constructoras, Ricardo Moscoso aclaró que dentro del plan de mantenimiento no se tenía contemplado el desgaste ondulatorio, ya que no estaba en el sistema de vía y que el año de mantenimiento terminó en octubre de 2013.
“En lo que respecta al mantenimiento, yo quisiera dejarlo bien claro, en el apartado de sistema de vías como tal, donde vienen las especificaciones, al final trae la garantía, exclusivo para vías, no debemos confundirlo con otras garantías. Mi mantenimiento era del 30 de octubre de 2012 a 2013, lo dice la garantía, lo dice el contrato, hay otro documento más que lo menciona y para que quede claro, es un año después de la puesta en servicio, el año terminó en octubre de 2013”, aseveró.
En entrevista posterior, respecto a la impugnación presentada por el consorcio para que el gobierno capitalino no cobre las fianzas, el representante legal de las empresas ICA, CARSO y ALSTOM aclaró que una cosa es que exista el recurso legal para que no se apliquen las fianzas y la otra es que no haya la voluntad para la reapertura del servicio.
“Una cosa es que se haga la impugnación de un documento para que no me cobren la fianza y otra cosa es que no tengo la voluntad de poner en operación la línea, o sea, son dos cosas diferentes”, detalló.
Precisó que la impugnación para evitar el pago de las fianzas es porque las empresas consideran que no son los responsables de las fallas de la Línea 12 y, en todo caso, se debe demostrar su presunta culpabilidad.