En la primavera del 2001, cuando el ahora prófugo de la justicia Tomás Yarrington ocupaba el cargo de gobernador de Tamaulipas, el general Ricardo Martínez Perea, al frente del 21 Regimiento de Caballería, acumulaba casi cien narcotraficantes detenidos en Nuevo Laredo y Reynosa, corazón operativo del Cártel del Golfo.

 

Hoy, con el estado convertido en el escenario de enfrentamientos entre los sicarios del cártel y las fuerzas federales, el general cumple 13 años encarcelado en las Islas Marías, despojado de su uniforme, sus reconocimientos y sus honores, y gravemente enfermo del corazón y posible cáncer de próstata.

 

Un Consejo de Guerra decidió, hace más de una década, que Martínez Perea era culpable de “delitos contra la salud”, es decir, de colaborar para traficar drogas. ¿Las pruebas? Un recado anónimo donde no se le mencionaba a él, dos declaraciones de policías que no corroboraron las acusaciones, y otras “evidencias” que no eran concluyentes.

 

“No es posible que ya hayan pasado 13 años y no sepamos quien lo acusa”; “desde del primer día le dije al secretario de la Defensa: entrégueme pruebas. Hasta el día de hoy las sigo esperando”. Esas fueron las palabras que dieron a 24 HORAS María del Carmen Ledezma y Bertha Martínez, esposa e hija del general, quienes claman justicia.

 

Las irregularidades del caso denunciadas por la familia, tienen un protagonista en particular: el mayor Gerardo Salazar Bolaños, quien fungió como fiscal y que durante el proceso arrestó por lo menos a dos testigos e incluso amenazó a la esposa de Martínez.

 

Años después del caso del general Martínez Perea, Salazar llegó a la PGR donde participó, junto con otros, en las averiguaciones en las que se utilizaron declaraciones a modo de testigos protegidos, que sirvieron para encarcelar por años a civiles y militares que luego obtuvieron su libertad, afirmaron.

 

General de campo

 

Hasta antes de su detención, en el 2011, el general Brigadier Martínez Perea cumplía una destacada carrera de casi cuatro décadas caracterizada por su accionar operativo, y casi nunca detrás de un escritorio. De joven, fue miembro del equipo de pentatletas del COI y también un hábil jinete.

 

Integró equipos especiales antinarco, como las Fuerzas de Tarea Cóndor o Marte. La unidad de Martínez Perea fue la primera en decomisar más de 20 plantíos de droga Múzquiz, Coahuila, en 1994. En los siguientes años continuó operando en el llamado “Triángulo Dorado”.

 

En 1996, al frente del 19 Regimiento de caballería en Oaxaca, una investigación militar a cargo de Martínez desenmascaró a una agente de la PGR que llevaban más de 40 kilos de cocaína en un vehículo oficial. El caso concluyó con la consignación del mismo delegado estatal de la PGR por vínculos con el narco.

 

Estos logros le valieron a Martínez Perea en 1999 su ascenso y traslado al 21 Regimiento de Caballería para operar en la frontera tamaulipeca controlada por el Cártel del Golfo. En dos años, detuvo a 98 personas vinculadas al tráfico de drogas, y decomisó 80 toneladas de marihuana y cocaína.

 

“Creemos que a raíz de las detenciones en Oaxaca y lo de Tamaulipas vino la represalia. A alguien le estorbó mi esposo (…) y no es casualidad que cuando lo detuvieron, el gobernador era Tomás Yarrington”, dijo Carmen Ledezma.

 

La traición

 

Una nota anónima, supuestamente enviada desde el fax de una papelería, señalaba el vínculo de militares con el narco y prometía videos que nunca llegaron. Esa nota bastó para la detener y procesar a Martínez Perea y a otros dos militares.

 

Dicho recado, como los familiares del general mostraron en diversos documentos, nunca señala a Martínez. El posterior “informe policial” de dos agentes judiciales militares tampoco explicó qué había hecho el general para que fuera inculpado. Otras pruebas no concluyentes fueron presentadas, como exámenes toxicológicos que dieron negativo, explicaron.

 

El general mostró, además de sus logros y felicitaciones de superiores, sus órdenes de operación más de 60 testigos a su favor. De nada sirvió, y tras dos años de proceso y un Consejo de Guerra de ocho días Martínez Perea fue sentenciado a 15 años de cárcel.

 

“El encargado de la papelería llamada GEO, de donde salió el anónimo, declaró que ese día su local estaba cerrado y que no podía haberse enviado un fax de ahí (…) aquí no hubo siquiera testigos protegidos o señalamientos fabricados, nada. Los testigos, incluso del fiscal, reconocieron que no se podía demostrar nada. Aun así lo condenaron”, señaló Bertha Martínez.

 

Durante el juicio, recuerdan esposa e hija, el fiscal Salazar ordenó el arresto de tres testigos militares que no declararon contra Martínez Perea, amenazó a la defensora de oficio e incluso a los mismos familiares, luego de que estos le recriminaron que quisiera usar como prueba hasta una máscara de “Batman” de un sobrino de un militar acusado.

 

“Esto fue una traición, no hay otra forma de explicarlo. Lo que pasó fue de risa, y aun así consignaron a mi esposo”, dijo Ledezma.

 

Última esperanza

 

En los 13 años que lleva en prisión, la situación de Martínez Perea, quien actualmente tiene 68 años de edad, se ha deteriorado. Los primeros 9 años estuvo preso en el Campo Militar número 1, pero luego, bajo el argumento de que ya “no era un soldado”, fue llevado a un penal de Nayarit, y después a las Islas Marías.

 

Con amparos, la familia trató de frenar los traslados y han solicitado que sea atendido en el Hospital Militar, al menos como derechohabiente de uno de sus hijos que pertenece al Ejército. Pero no ha pasado.

 

“Mi padre ha sido humillado, golpeado. Está muy enfermo. Necesita una operación del corazón por una lesión que viene de corajes y maltratos (…) es cierto que le faltan dos años nada más, pero no creemos que lo soporte”, dijo su hija.

 

Pero además de la salud, la familia de Martínez Perea busca la restitución de un nombre, trayectoria y honor. En ese sentido anunciaron que tratarán de reunirse con el procurador, Jesús Murillo Karam, para que interceda y busque acelerar un procedimiento de reconocimiento de inocencia que está parado en juzgados militares.

 

“Murillo dijo que la justica era justicia para todos, civiles o militares (…) creemos que hay una última esperanza ahí. A mi esposo le arruinaron la vida por su único pecado que fue trabajar”, aseveró su esposa.

 

Daño colateral 

 

El costo de la defensa ha sido alto. Los cuatro hijos del general están endeudados debido a préstamos para solventar la situación de la familia, relataron Bartha y Carmen. Su esposa actualmente vende su casa en San Luis Potosí. Dejaron de percibir el salario de Martínez Perea desde el 2001.

 

A estas afectaciones se suman las físicas. Dos nietos del general padecen problemas neurológicos y reciben atención en el CRIT. De acuerdo con la familia, se debe a la tensión y amenazas que padecieron dos hijas de Martínez que estaban embarazadas, cuando ocurrió su detención.