A pesar que las leyes secundarias de las reformas estructurales político-electoral, de telecomunicaciones y energética tenían plazos para su aprobación, los Poderes Ejecutivo y Legislativo incumplieron con los tiempos, por lo que siguen inconclusas y sin ponerse en práctica.
Los plazos para aprobar las leyes reglamentarias de las enmiendas se vencieron: la político-electoral el 30 de abril, de telecom desde el 9 de diciembre de 2013 y la energética el 20 de abril.
Lo anterior tiene frenadas, en el caso de telecomunicaciones, modificaciones a la Ley de Competencia, Ley reglamentaria del Derecho de Réplica, Ley Orgánica del instituto Federal de Telecomunicaciones, Ley de Acceso a las Tecnologías de la Información y Ley de Radiotelefonía.
En tanto, las reformas secundarias en materia energética tienen pendientes 32 instrumentos legales por modificar, además de otros de nueva creación.
Por ejemplo, se cumplió el plazo para imponer las modalidades de contratación para que empresas privadas puedan realizar actividades “de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos de exploración, extracción y distribución de hidrocarburos”.
En el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional se especificó que los tipos de contratos que podrán permitirse, entre otros, son de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia.
También venció el plazo para legislar sobre las Comisiones Nacional de Hidrocarburos y la Reguladora de Energía. En el artículo décimo transitorio se establece que el Congreso deberá modificar los marcos jurídicos necesarios para fijar las nuevas atribuciones de las dependencias y órganos de la Administración Pública Federal.
La ausencia de leyes complementarias de la político-electoral pone en riesgo la celebración de 17 comicios el próximo año, debido a que se organizarían con las viejas reglas, a pesar de la aprobación de la reforma en febrero pasado.
Obligación, sólo moral
Diputados federales consultados por 24 HORAS coincidieron que el cumplir con los plazos constitucionales es una obligación sólo ética del Congreso de la Unión, debido a que en algunos casos “es mejor darse más tiempo” para lograr acuerdos.
“Hay que entender que el Congreso es un lugar de parlamentarios, donde tenemos que lograr los acuerdos políticos para modificar los reglamentos que afectan directamente a todo el país; por ejemplo, tenemos que seguir discutiendo a las modificaciones en materia de telecomunicaciones”, indicó Amalia García (PRD).
La perredista consideró que “es preferible esperar a que se discuta con mayor tiempo el contenido de esa reforma, porque hay un riesgo inminente de censura en los medios de comunicación digitales y, control del Estado sobre aquellos los medios de comunicación comerciales”.
Por su parte, Fernando Rodríguez Doval (PAN) explicó que el punto central del Congreso es impulsar los reglamentos secundarios más urgentes, como en materia político-electoral, pues de no ser así “nos quedaríamos sin la posibilidad de contar con las herramientas necesarias para organizar las elecciones de 2015”.
Detalló que el Legislativo tiene el reto de discutir y aprobar en esa materia un total de 14 ordenamientos, entre ellos seis nuevas leyes y modificaciones de fondo a ocho instrumentos ya existentes.
En conjunto, diputados y senadores tendrán que expedir las leyes generales de Partidos Políticos, de Procedimientos Electorales y de Delitos Electorales, así como la Ley Reglamentaria del artículo 134 constitucional en materia de Propaganda Electoral.
A su vez, Federico González Luna (PVEM) afirmó que “no pasa nada” si no se cumplen con los plazos, pues en el caso de la reforma en telecomunicaciones “sería letra muerta si la legislación secundaria no se instrumenta y encamina debidamente”.
Son juez y parte: expertos
El vacío legal que existe al interior Congreso de la Unión que permite incumplir con los plazos que fijan los legisladores sobre las reformas constitucionales “es una mala práctica y cuando menos una omisión importante”, consideraron expertos juristas.
“Debería haber un apartado en la Ley Federal de Servidores Públicos que obligara a los legisladores a cumplir con las obligaciones y compromisos que hay en la propia Ley, que por ahora no existe, pero les toca a ellos legislar sobre el tema, en este sentido son juez y parte”, consideró Gustavo Vela Sánchez, académico de la UNAM.
El constitucionalista de la UNAM expresó su inquietud en que al interior del Poder Legislativo no exista un control sobre los compromisos que adquieren quienes realizan modificaciones a los reglamentos en el país.
“Legislan con sus propios compromisos políticos que adquieren cuando son electos y bajo sus propios tiempos”.
Por su parte, el constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas consideró como ”grave” que los plazos constitucionales se incumplan, pero atribuyó que en caso de las reformas estructurales “hay un gran peso social”.
“Las reformas levantan una serie de protestas que presionan a los legisladores, estas, señalan los errores que ha cometido, y obliga a los legisladores a generar duda, incertidumbre en lo que está proponiendo, o va a proponer, por ello, las reformas secundarias tardan en llegar o emitirse”, explicó.
Aseguró que “las presiones de otras fuerzas políticas, distintas de las oficiales, obligan a modificar los plazos, “ya que no hay acuerdos”; recomendó a que los plazos se cumplan independientemente de tener “una mesa de trabajo atiborrada de iniciativas y proyectos legislativos”.