La Procuraduría General de la República (PGR) inició la conformación de una unidad que se encargará de revisar casos consignados en otras administraciones, en los que posiblemente se hayan incurrido en violaciones a los derechos humanos al no habérseles proporcionado una asesoría o defensa adecuada.

 

Durante su participación en el Sexto Foro Nacional de Seguridad y Justicia “Como Sí Implementar la Reforma”, el procurador advirtió que el respeto a los derechos humanos durante el proceso penal debe convertirse en una realidad plena desde la policía y desde el Ministerio Público.

 

Recordó que apenas esta semana se enteró del caso de una mujer que fue consignada al Ministerio Público Federal porque llevaba consigo 25 gramos de marihuana y se le sentenció a varios años de prisión, cuando una defensa adecuada habría impedido que esto sucediera, pues se trataba de una cantidad que no la vuelve narcotraficante.

 

“Estoy instaurando, a partir de ayer di la instrucción, una unidad en la Procuraduría que se encargará de revisar todos estos procesos en donde la verdadera violación a los derechos humanos está ahí, es donde no hay capacidad de defensa, es  donde no hay capacidad ni de entendimiento siquiera, y en donde lo que hay es un desconocimiento total, una simple acción burocrática que remitió a esta persona hacia allá y que se comete una injusticia brutal, brutal”, dijo.

 

El Procurador no detalló qué procedería en los casos que se detecten. Fuentes consultadas indicaron que donde sea posible, podrían impulsarse reconocimientos de inocencia o por lo menos aminorar sentencias.

 

Murillo insistió en que de nada sirve que exista un nuevo sistema penal, ni que se construyan edificios, laboratorios, patrullas, camionetas, si todavía existen funcionarios que no cambian una mentalidad y se siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos que derivan en situaciones “molestas e injustas”.

 

En ese contexto confió en que con la próxima transformación del Instituto Nacional de Ciencias Penales en una Universidad Nacional de Ciencias Penales, se logre formar a servidores públicos que desde las aulas ya vengan formados con una ideología distinta.

 

“Todo eso es sólo una parte de lo que tenemos que hacer, lo más importante, para resumírselo, es cambiar mentalidades”, enfatizó.

 

Abusos

 

Por otro lado, Murillo advirtió que el mayor respeto que se está buscando para los derechos humanos en el sistema de justicia, con la adopción incluso de normas internacionales que dan a los jueces una interpretación más amplia de la posible violación de garantías, no debe derivar en un abuso que genere impunidad.

 

“De ninguna manera podemos admitir que cualquier tipo de mal uso por beneficios personales o económicos, debilite el concepto de derechos humanos al grado de que se haga  en lugar de útil un motivo de impunidad o un motivo que permita que la atención a unos, deteriore a otros”, agregó.

 

En ese contexto expresó su “satisfacción” por las denuncias que recientemente presentó el Poder Judicial en contra de varios funcionarios que han incurrido en irregularidades.

 

“La ley debe de servir para hacer justicia no para valerse de ella para hacerse delitos, este es el mensaje que está mandando el Poder Judicial y a mí me parece esplendido”, indicó.

 

Arraigo necesario

 

Respecto a la utilización del arraigo, medida que a nivel internacional ha sido criticada por ser violatoria de derechos humanos, el titular de la PGR dijo que las medidas cautelares como esa no deben ser utilizadas de forma rutinaria, pero recalcó que en algunas situaciones resultan importantes.

 

Recordó el caso de los hermanos Monreal el año pasado, donde se descubrió un plan para asesinaros. El arraigo de los sospechosos evitó que esto se concretara.

 

“Para eso sirven las medidas cautelares pude haber afectado la presunción de inocencia pero salvé una vida”, dijo el procurador.