El Gobierno del Distrito Federal (GDF) interpuso un recurso legal ante el Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF) para que sea él quien defina los alcances del contrato firmado entre el GDF y el consorcio formado por las empresas ICA, Carso y Alstom.
El consejero jurídico del GDF, José Ramón Amieva, explicó que el gobierno capitalino interpuso una acción declarativa de hechos propios ante el TSJFDF, debido a que la administración local mantiene una postura diferente a la del consorcio constructor respecto al mantenimiento y la póliza de vicios ocultos en la Línea Dorada.
“Por nuestra parte hemos iniciado una acción declarativa de hechos propios. Esta acción declarativa lo que dice es que nosotros tenemos una postura como gobierno, el consorcio tiene otra postura y acudimos a un juez para que determine los contenidos y alcances del contrato”, aseguró Amieva.
Esto ocurre luego de que el consorcio constructor interpusiera un amparo contra el cobro de las fianzas de la Línea Dorada por parte del GDF. El consejero jurídico señaló que, a juicio del gobierno local, el contrato es en un tiempo determinado y a un precio que no puede estar sujeto a una variación en cuanto a montos, es decir, no se debe pagar un concepto más.
El funcionario capitalino afirmó que existen dos juicios en el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo en relación al recurso que presentó el consorcio constructor respecto a un programa de trabajo que requirió el Proyecto Metro para subsanar las fallas encontradas por el STC en la operación de la Línea 12.
Aseguró que están vigentes las fianzas y que éstas amparan no sólo los vicios ocultos, sino cualquier otro defecto o irregularidad, según lo menciona la póliza en la realización de los trabajos.
José Ramón Amieva insistió en que la postura de la administración local es que las empresas ICA, Carso y Alstom brinden el mantenimiento, pues ellos son los responsables de estos trabajos.
Destacó que antes de dialogar con el consorcio constructor para llegar a un acuerdo, primero se debe garantizar la funcionalidad y la operatividad de la línea así como descubrir las causas que originaron el cierre de la mitad de las estaciones.
“Por parte del gobierno creo que existe la voluntad, en todo procedimiento jurídico siempre es susceptible de llegar a un consenso y de poder tener un arreglo y esperemos que sea ejercido de manera tajante por los tribunales. Por parte del gobierno hay toda la voluntad, siempre y cuando (la Línea 12) esté al 100% de funcionalidad y de operatividad que es un servicio para los ciudadanos”, aseguró.
Piden diputados información sobre recursos federales
Ayer se llevó a cabo la primera reunión ordinaria de los integrantes de la comisión especial que le da seguimiento a los recursos federales invertidos en la Línea Dorada, donde los miembros de la comisión decidieron solicitar información a diversas instancias federales y locales.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF), la Secretaria de la Función Pública (SFP) y el gobierno capitalino, deberán liberar información a la comisión especial, a fin de determinar el monto total que se empleó para este servicio de transporte público.
Según su programa de trabajo, los legisladores estiman ubicar, en primera instancia, el destino de los recursos federales, y después, determinar las responsabilidades de los servidores públicos involucrados.
“Solicitar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el informe del estado que guarda el proceso jurídico que llevan el Gobierno del Distrito Federal como la Secretaría de la Función Pública por la devolución de los 489 millones 422 mil 377 pesos”, subraya el proyecto.
Cabe destacar que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal existe una comisión con propósitos similares que también ha solicitado información sobre los recursos federales invertidos en la Línea 12.